Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Bloquear las comunicaciones utilizadas para delinquir desde los centros penitenciarios debería ser prioritario antes que obligar a millones de usuarios a registrar sus líneas celulares, consideró la diputada local del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, quien puso en duda que la nueva medida consiga reducir significativamente las extorsiones telefónicas.

La legisladora sostuvo que vincular cada número con la identidad de su propietario puede dificultar algunas actividades delictivas, pero advirtió que los grupos criminales cuentan con alternativas tecnológicas para evadir este tipo de controles.

“Esta medida no terminará con la extorsión debido a las alternativas tecnológicas y vacíos legales que la delincuencia suele explotar”, señaló.

La diputada local priista, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, aseguró que cerca del 80 % de las extorsiones se realizan utilizando números móviles que no están asociados con una persona real y cuestionó que el registro obligatorio sea suficiente para modificar esa situación.

A su juicio, el Gobierno federal debería concentrar inicialmente sus esfuerzos en los centros penitenciarios, al considerar que desde esos lugares se origina una parte importante de las llamadas de extorsión.

“Yo hubiera empezado, por ejemplo, por los penales; o sea, primero quita toda la señal. Si se puede bloquear aquí de repente en el Congreso y no podemos hablar con nadie, se puede en cualquier lado”, afirmó.

Guillén Vicente señaló además que las modalidades utilizadas por los delincuentes han evolucionado y actualmente existen herramientas que permiten realizar comunicaciones sin depender directamente de una línea celular convencional.

Entre ellas mencionó las llamadas mediante voz sobre protocolo de internet (VoIP), aplicaciones de mensajería y servicios que funcionan a través de conexiones Wi-Fi, lo que, afirmó, permitiría eludir parte de los controles establecidos por las compañías telefónicas.

La legisladora también expresó reservas sobre la seguridad de la información recopilada mediante el registro y cuestionó quiénes tendrán acceso a los datos personales de los usuarios.

Recordó antecedentes de filtraciones y comercialización ilegal de bases de datos en México, por lo que consideró indispensable garantizar mecanismos efectivos para proteger la información.

Guillén Vicente señaló que numerosos usuarios de planes de renta mensual ya habían proporcionado datos personales a sus compañías telefónicas sin que, según su valoración, esto se haya traducido en una disminución de las extorsiones.

“Muchos de los usuarios ya se encuentran registrados al haber contratado un plan de renta mensual; sin embargo, no se ha visto que bajen los índices del delito de extorsión en el país”, sostuvo.

La diputada insistió en que el registro puede convertirse en una herramienta adicional contra determinadas conductas delictivas, pero consideró que su efectividad dependerá de que sea acompañado por otras acciones dirigidas a combatir directamente las estructuras y mecanismos utilizados para cometer extorsiones.