Las listas o “mapeos” de medios e incluso los perfiles de periodistas, colaboradores y tomadores de decisiones permiten conocer tendencias y datos relevantes de quienes inciden en la opinión pública a través de la prensa, radio y televisión.

Es una práctica añeja y común en las áreas que gestionan la comunicación, en los ámbitos público y privado. Las agencias de comunicación, relaciones públicas y las oficinas de comunicación social lo han hecho y lo hacen como parte de su labor.

Son, al final, herramientas para desarrollar estrategias de comunicación, que ayudan a entender detalles de la práctica periodística y de los motores de quienes vierten sus ideas a través de los medios masivos.

Hoy, con el boom de espacios digitales y personajes que hacen uso de esos medios para comunicar u opinar, también se realizan los denominados “mapeos” que -nuevamente vale la pena subrayar- sirven para comprender tendencias y, en dado caso, tender puentes de comunicación para incidir en la percepción de quienes inciden en el ánimo público, sobre todo en situaciones de crisis.

Esas listas, no obligan a tener acercamientos cuando algunas personas o medios tienen posiciones claramente polarizadas o existen elementos para considerar que, hágase lo que se haga, no cambiarán los puntos de vista, por las razones que sean.

Pero cuando esas listas dejan de ser privadas -para uso interno estratégico- y se hacen públicas con el afán de señalar y estigmatizar, se convierten en las listas del odio.

Eso es lo que está haciendo la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, quien forma parte del ala dura del morenismo: impulsar el odio, la antesala de una peligrosa persecución que ya ha venido ocurriendo con notables bajas en varios medios de comunicación.

Es una clara extensión de la política emprendida por el ex presidente López Obrador, de exhibir, denostar, instigar y perseguir periodistas que no son del agrado de la Cuarta Transformación.

No debería sorprender, pero sorprende que, con la gran cantidad de recursos materiales, económicos, de espacios, instituciones y periodistas cooptados, se siga avanzando en la tentación de la censura, de la intimidación a periodistas. 

¿Se ha agotado la paciencia o el recurso estratégico?

¿Están ya desprestigiados los espacios institucionales, como para querer apagar la crítica y hasta la diatriba en medios no institucionales?

La crítica es parte del juego democrático y es parte del fuego al que aceptan someterse quienes actúan en la esfera pública, sean personajes de gobierno y del ámbito privado.

El escrutinio público y el caldero de los medios es parte de lo que se acepta cuando se entra a la escena pública: todo, especialmente los hechos que afectan a las comunidades.

Lo privado también es público cuando hay elementos para pensar que en el ejercicio de funciones se hacen “cosas privadas” con el uso de recursos públicos.

Las estrategias de comunicación -sobre todo en crisis- sirven para atenuar impactos no sólo en medios sino en los espacios donde se encuentran los grupos de interés. 

Pero más que gestión de crisis, parece estamos viendo el avance del intento por tener un control mediático absoluto.

Las listas del odio son otra pieza en el camino a la censura o la promoción de la autocensura. 

El otro elemento es la denominada Ley para la Defensa de los Derechos de la Audiencia, donde el árbitro será el juzgador cuando se estimen afectados los intereses de los receptores de la información y la opinión.

Se olvida, con facilidad, que los medios de comunicación son espacios de opinión e información que han dado voz a aliados y detractores.

Un recuerdo, sólo un recuerdo: Bertha Luján, la madre de la consejera jurídica, siempre tuvo una voz como opositora al Tratado de Libre Comercio, durante las negociaciones del acuerdo inicial. Se les olvida, que la oposición que hoy gobierna tuvo foro en muchos medios. Que los hayan perdido y les hayan dado la espalda explica su desesperación y provocado su insistencia en señalar con odio a quienes les desagradan.