Ciudad de México.- Un exgobernador de Guerrero permanecerá en prisión preventiva por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas, dentro de la investigación por los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía señaló que Ángel “N” fue presentado ante una autoridad judicial, que calificó como legal el cumplimiento de la orden de aprehensión en su contra.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa formuló la imputación y solicitó que el exmandatario estatal fuera vinculado a proceso.

Sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo martes 11 de agosto cuando continúe la audiencia y el juez determine su situación jurídica. Mientras tanto, permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la FGR, nuevas líneas de investigación surgieron después de un reanálisis de las actuaciones relacionadas con la desaparición de los normalistas, ocurrida en septiembre de 2014.

La institución sostiene que cuenta con datos de prueba sobre la posible participación del exgobernador en el ocultamiento de evidencias consideradas relevantes para establecer el paradero de los estudiantes.

Según la investigación ministerial, la instrucción para ocultar esas evidencias habría sido girada directamente desde el entonces Gobierno de Guerrero y en ella presuntamente participaron servidores públicos estatales de alto nivel.

La Fiscalía considera que el ocultamiento de grabaciones investigadas en el caso no habría sido producto de una omisión o un hecho aislado, sino de una acción deliberadamente organizada desde altos niveles del Poder Ejecutivo estatal.

Las nuevas investigaciones son desarrolladas por la FGR en colaboración con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La imputación no implica una declaración de culpabilidad y corresponderá a la autoridad judicial determinar, con base en los datos presentados por las partes, si existen elementos suficientes para vincular al exgobernador a proceso.