El director de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, Terrance Christopher Cole —más conocido como Terry Cole—, está obsesionado con llevar a juicio a políticos mexicanos que ‘mantengan nexos con grupos criminales’. O los protejan.

Hace un par de días aseguró que los perseguirá hasta encontrarlos, al confirmar que nada ni nadie detendrá esta lucha: “Permítanme ser claro: si trafican con drogas letales, lucran con el sufrimiento ajeno o utilizan cargos públicos para proteger a los cárteles, esta es la advertencia: la DEA va por ustedes. Ningún título, cargo ni conexión política los protegerá”.

Incluye a miembros del gobierno mexicano, por supuestamente dar protección a los líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones, al no entregarlos a la justicia, aun cuando —asegura— facilitan el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia.

Este enésimo amago del funcionario norteamericano, sin embargo, es desestimado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues ha sostenido que ‘no existen pruebas contundentes’ para aprehender a los políticos que reclama el país vecino del norte.

De cualquier forma, la DEA no quita el dedo del renglón y nuevamente amenaza con venir por políticos criminales, con o sin autorización oficial.

Hasta donde entiendo, la DEA no mantiene una lista pública formal ni órdenes de aprehensión abiertas, con nombres específicos, de políticos mexicanos activos con cargos vigentes bajo búsqueda directa en su portal de fugitivos.

Pero en sus archivos y/o investigaciones quizás sí contemple figuras de políticos mexicanos relacionados con actividades ilícitas.

De cualquier forma, aquí en nuestro país la población igual sospecha que hay muchos políticos involucrados con grupos criminales, ‘escudados’ como militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), o bajo la figura de empresarios.

Sus actividades —también es sospecha— estarían relacionadas con el trasiego de drogas, el huachicoleo, la extorsión, el cobro de piso, las ‘factureras’, el lavado de dinero, el tráfico de armas y de personas, mediante operaciones a través del sistema cibernético o directas.

En el escenario han aparecido múltiples casos, aunque los peces más gordos no han sido atrapados… todavía.

El ejercicio del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es reconocido aquí en México y allende el río Bravo por su efectividad para desmantelar laboratorios clandestinos de fentanilo; acabar con bandas contrabandistas de combustibles provenientes de otros países; desarticular cárteles; clausurar refinerías clandestinas y resolver, en tiempo y forma, pesquisas sobre atentados letales contra políticos de oposición y, lo mismo, contra empresarios y defensores de los derechos humanos.

Sin embargo, el nieto de Marcelino García Barragán —secretario de la Defensa Nacional en el régimen presidencial de Gustavo Díaz Ordaz— e hijo de Javier García Paniagua, quien fuera titular de la Dirección Federal de Seguridad por disposición de José López Portillo, tiene una deuda pendiente con el gobierno yanqui —recuérdese que fue capacitado allende el río Bravo— que, advierto, está relacionada con combatir la delincuencia en México y la Unión Americana.

Así que, en lo sucesivo, no debe extrañarle a nadie las detenciones que podrían ejecutarse en contra de algunos políticos, aunque ocurran de manera clandestina y violatoria de la soberanía nacional.

Y menos cuando de recuperar credibilidad gubernamental se trata.

Por tanto, hay que considerar que la DEA tiene en la mano los pelos del burro.

Es decir, cuenta con pruebas claras.

Lamentablemente, el nacionalismo, mal entendido, lleva a suponer a la presidenta que los delincuentes son propiedad de México, aunque hayan infringido leyes en otros países. Y por eso se niega a entregar delincuentes a la Unión Americana.

¡Vaya absurdo!

Inoperancia

En puerta está la selección de candidatos a los ocho distritos federales.

Y, en el paquete, las nominaciones para presidir los 43 ayuntamientos y, por supuesto, la postulación a 22 diputaciones locales.

Hasta donde tengo entendido, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) carecen de cuadros que garanticen triunfos en todos los casos, por lo que cuentan con cerca de seis meses para enrolar a ciudadanos que, por su trayectoria, sean bien vistos y aceptados por el electorado.

En Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por el contrario, sobran aspirantes a las candidaturas —con el rollo de ser, primariamente, defensores de la transformación y la soberanía—, por lo que advierto una cena de negros en cuanto se publiquen las convocatorias respectivas para el proceso selectivo interno.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quizá participe con candidatos propios, pues aún no se define su alianza con el guinda. Y el PT, como acostumbra, buscará jugar a las pegadas, conformándose con las migajas que le dejen.

Ya falta menos tiempo para que la grilla se desate al cien.

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