Ciudad Victoria, Tamaulipas.-La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Denisse Gómez Puga, llamó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a fortalecer la trazabilidad de los recursos utilizados en las campañas electorales de 2027, al considerar que la fiscalización debe garantizar que el dinero que circula en la política tenga un origen lícito y transparente.

La integrante de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INE sostuvo que supervisar las campañas no implica únicamente revisar cifras, sino ofrecer certeza a la ciudadanía de que los recursos se ejercen conforme a la ley.

"Fiscalizar no significa revisar cifras; es ofrecer certeza a la ciudadanía de que el dinero que circula en la política es lícito, transparente y se ejerce conforme a la ley", afirmó.

Explicó que exigir trazabilidad significa contar con un registro claro del origen, destino y movimiento de cada recurso económico que entra y sale de las campañas, con el objetivo de prevenir la corrupción, el financiamiento ilícito y conocer quién aporta recursos a partidos y candidaturas.

Gómez Puga destacó que la fiscalización electoral es el principal mecanismo con el que cuenta el INE para transparentar los ingresos y gastos de aspirantes, precandidatos, candidatos, candidaturas independientes y partidos políticos durante los procesos electorales.

No obstante, advirtió que el modelo actual comienza a mostrar rezagos frente al avance de las tecnologías de la información, las redes sociales y el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial.

La consejera consideró necesario fortalecer el sistema de fiscalización para que el INE pueda cumplir de manera eficaz con la supervisión de las elecciones federales, locales, los mecanismos de democracia directa y, tras la reforma judicial de 2024, los procesos para elegir integrantes del Poder Judicial.

Añadió que la transparencia en el financiamiento político constituye un elemento indispensable para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y en la legalidad de las elecciones.