Reynosa, Tamaulipas. – Un juicio laboral por despido injustificado permanece sin resolverse después de más de seis años, por lo que el asesor jurídico de Derechos Humanos Internacionales, Máximo Amaya Román, solicitó una auditoría a la Junta Especial Número 5 de Conciliación y Arbitraje de Reynosa al denunciar presuntas irregularidades en la integración y ejecución del expediente.

El abogado informó que representa a Carlos Armando Ortiz Rangel, quien demandó a una empresa funeraria tras ser despedido. Aseguró que, pese al tiempo transcurrido, su cliente no ha recibido el pago por indemnización, salarios caídos e intereses, cuyo monto estimó en más de 805 mil pesos.

Amaya Román explicó que el caso continúa bajo el anterior sistema de justicia laboral y afirmó que durante el proceso ya se agotaron diversos recursos legales y existen resoluciones judiciales pendientes de ejecutarse.

Entre las presuntas anomalías, señaló que varios vehículos asegurados como garantía del cumplimiento de la sentencia fueron retirados del domicilio de la empresa, a pesar de que existía una orden para impedir su movilización. Indicó que, al acudir a realizar un segundo avalúo, las unidades ya no se encontraban en el lugar.

Asimismo, sostuvo que la Junta Especial Número 5 no ha aplicado sanciones por los presuntos incumplimientos atribuidos a la empresa ni ha ordenado el embargo de cuentas bancarias, medida que, aseguró, está prevista en la Ley Federal del Trabajo para garantizar el cumplimiento de las sentencias.

Ante esta situación, el asesor jurídico hizo un llamado al gobernador Américo Villarreal Anaya para que ordene una revisión al funcionamiento de la Junta Especial Número 5 de Conciliación y Arbitraje y se investigue el rezago en los expedientes laborales. También solicitó la intervención del Sistema Estatal Anticorrupción y de las instancias competentes para revisar el desempeño de la autoridad laboral.

Sj/Am