Tampico, Tamaulipas. - El gobierno de Tampico reforzará la supervisión en las instituciones educativas del municipio para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes y prevenir cualquier caso de maltrato escolar, informó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya.

La presidenta municipal señaló que estas acciones se desarrollan en coordinación con el Sistema DIF Tampico, luego del pronunciamiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para impedir la operación de escuelas militarizadas en el país y fortalecer el respeto a los derechos humanos dentro de los planteles.

Explicó que la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos del DIF municipal mantiene una vigilancia permanente sobre la atención que reciben los estudiantes y es la instancia responsable de intervenir cuando exista alguna situación que ponga en riesgo su integridad.

"Se hace de manera constante esa revisión de cómo se trata a los menores. En el DIF existe la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, donde se realizan estos análisis para preservar la integridad física de quienes acuden a esas instancias", expresó.

Villarreal Anaya aseguró que, hasta el momento, el municipio no tiene registro de denuncias por agresiones o maltrato contra alumnos en escuelas de Tampico.

Precisó que la supervisión del funcionamiento de los planteles y del cumplimiento de la normatividad educativa corresponde al Gobierno del Estado; sin embargo, el Ayuntamiento colabora mediante acciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad e infraestructura en los centros escolares.

Entre esas labores mencionó trabajos de limpieza, pintura, mantenimiento, instalación de equipos de aire acondicionado y suministro de materiales para fortalecer la conectividad a internet en diversas escuelas de educación básica.

La alcaldesa reiteró que cualquier denuncia relacionada con violencia o vulneración de derechos de estudiantes sería atendida por las autoridades competentes y afirmó que el municipio mantendrá la coordinación con el Estado para garantizar espacios educativos seguros y libres de maltrato.

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