Alianza Fundación Marcelo Olan–IMWU: un ecosistema binacional para la migración

Un modelo que nace desde la frontera

Desde Reynosa, Tamaulipas —uno de los corredores migratorios más intensos del hemisferio—, la Fundación Marcelo Olan Mendoza (MOM) da un paso natural en su trayectoria humanista y asistencial: sumar a su labor social una arquitectura profesional de servicios migratorios.

La alianza con la International Migrant Workers Union (IMWU), presidida desde Washington, D. C., por don Jesús Sánchez-Cañete y coordinada desde Monterrey, N. L., por el licenciado Humberto Salinas, inaugura en julio los trabajos de organización, capacitación, operación y ejecución de asesorías especializadas.

El proyecto contará con el respaldo del suscrito, doctor Jorge Lera, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), especialista en migración, remesas y desarrollo regional fronterizo. Mi trayectoria en investigación aplicada, publicación académica y asesoría gubernamental aportará al ecosistema el rigor metodológico indispensable: medición estadística de flujos migratorios y de remesas, evaluación del impacto socioeconómico, vinculación universitaria para servicio social y prácticas profesionales, y análisis del T-MEC como marco de movilidad laboral.

No se trata de asistencia episódica, sino de una plataforma permanente de acompañamiento con estándares verificables.

Nueve rubros, una sola puerta de entrada

El diseño operativo cubre el ciclo completo de la movilidad laboral y familiar: gestión de visas de turismo B1/B2; respaldo a la doble nacionalidad; tramitación y asesoría para visas temporales H-2A, agrícolas, y H-2B, no agrícolas; promoción de la visa profesional TN, ventana subaprovechada del T-MEC; apoyo a deportados con faltas menores; asesorías generales en materia migratoria; orientación a personas con beneficios de jubilación en Estados Unidos; gestiones y asesoría fiscal binacional, y la operación del Centro Integral de Atención al Migrante como nodo articulador.

La virtud del esquema es la integralidad: el migrante deja de peregrinar entre ventanillas y encuentra en un solo punto la ruta jurídica, laboral, fiscal y previsional que su caso requiere.

Laboratorio piloto con vocación regional

Tamaulipas funciona aquí como laboratorio de política pública aplicada.

El modelo piloto proyecta escalar su cobertura hacia Nuevo León, Coahuila, el resto del país y, en una segunda etapa, hacia Guatemala y Centroamérica, apoyándose en la red consular estadounidense de Matamoros, Nuevo Laredo y Monterrey.

Esta lógica de expansión ordenada permite documentar aprendizajes, medir resultados y replicar lo que funciona, en lugar de improvisar respuestas ante cada coyuntura fronteriza.

Capital humano multidisciplinario

El equipo en integración —abogados, contadores, economistas, médicos e ingenieros con experiencia en trámites migratorios y en el ecosistema de remesas— constituye el activo estratégico del proyecto.

La combinación de estas disciplinas es precisamente lo que distingue a una gestoría tradicional de un servicio profesional: el análisis económico permite dimensionar la demanda laboral real; la contaduría binacional evita la doble tributación y protege el ingreso familiar; la ingeniería aporta trazabilidad a los procesos, y el derecho garantiza el cumplimiento normativo en ambas jurisdicciones.

Principios rectores del ecosistema

Cuatro principios sostienen la propuesta.

Primero, la centralidad de los derechos humanos binacionales, con apego al Pacto Mundial para la Migración, adoptado en Marrakech en 2018, que consagra la migración segura, ordenada y regular.

Segundo, el cambio de paradigma: menos indocumentación y más empleo regularizado, con prestaciones, servicios integrales y supervisión de los reclutadores de trabajo temporal.

Tercero, la representación sindical del IMWU, cuya interlocución con los departamentos del Trabajo y de Estado, así como con legisladores republicanos y demócratas, ofrece un canal bipartidista poco común en este campo.

Cuarto, la sustentabilidad: un modelo financieramente viable y socialmente sostenible, no dependiente de subsidios coyunturales.

Datos de visas temporales

La ventana H-2A y H-2B: el activo estratégico

El programa agrícola H-2A no tiene tope numérico y alcanzó 398,258 posiciones certificadas en el año fiscal 2025, 13,358 más que en 2024, con menos del 0.04 % de las vacantes cubiertas por solicitantes estadounidenses.

En el primer semestre del año fiscal 2026 se certificaron 254,688 posiciones, 16.9 % más que un año antes.

Los mexicanos captaron el 91.5 % de las visas H-2A y el 64.5 % de las H-2B emitidas en 2023.

En el rubro no agrícola, H-2B, el tope legal es de 66,000 visas anuales; para el año fiscal 2026, el DHS y el DOL autorizaron hasta 64,716 visas suplementarias adicionales mediante una regla temporal vigente desde el 30 de enero de 2026, de las cuales 46,226 se reservaron para trabajadores retornantes.

El DOL certificó 232,434 posiciones H-2B en el año fiscal 2025. Los cupos se agotan rápidamente: la segunda asignación de 27,736 visas cerró el 29 de abril de 2026.

Ventaja territorial decisiva: las visas H-2 solo se procesan en nueve sedes consulares en México, tres de ellas dentro del radio directo de la alianza: Matamoros, Nuevo Laredo y Monterrey.

Metas verificables propuestas

Con esta base, se sugiere fijar indicadores de línea base para el primer año: acompañar al menos 1,500 solicitudes H-2A/H-2B a través de reclutadores certificados; atender 3,000 asesorías en B1/B2, TN, doble nacionalidad y fiscalidad binacional, y elevar en un punto porcentual la participación de Tamaulipas en el total nacional de remesas, hoy situada en 1.6 %.

Cada punto porcentual equivale a más de 600 millones de dólares anuales de ingreso familiar.

Propuestas para consolidar el proyecto

Se sugiere, en el arranque: 1) establecer una línea base con indicadores medibles —trámites iniciados, visas obtenidas, casos de deportados atendidos y ahorro fiscal generado—; 2) firmar convenios de colaboración con universidades de la región, entre ellas la UAT, para servicio social, investigación aplicada y evaluación externa; 3) crear un padrón certificado de reclutadores y empleadores que cumplan con estándares laborales; 4) desarrollar un módulo de educación financiera vinculado al uso productivo de las remesas, y 5) publicar un informe semestral de transparencia que consolide la reputación institucional del ecosistema.

Conclusión

En un momento en que las fronteras se blindan y el discurso se polariza, esta alianza propone algo distinto y necesario: convertir la migración en un proceso legal, documentado, digno y económicamente productivo para las familias y para las dos naciones.

Convertir esa demanda en empleo formal, documentado y con prestaciones —bajo la tutela sindical del IMWU y el enfoque humanista de la Fundación MOM— es la vía más sólida para sostener el ingreso de los hogares tamaulipecos con pleno respeto a los derechos humanos binacionales.