Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza la aprobación de nuevos lineamientos para fortalecer la fiscalización de los recursos que utilicen los partidos políticos durante sus procesos internos de selección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, informó la consejera nacional Frida Denisse Gómez Puga.

La propuesta busca establecer mecanismos más estrictos para supervisar el origen y destino de los recursos que empleen los aspirantes en esta etapa, luego de que diversos partidos comenzaron sus actividades internas de organización y definición de candidaturas.

La consejera explicó que el proyecto plantea que los gastos derivados de esos procesos sean registrados como gasto ordinario de los partidos y no como gastos de precampaña o campaña, además de establecer restricciones a las aportaciones en efectivo, en especie y mediante contratos de comodato.

"Los temas de fiscalización han cobrado mayor relevancia en las últimas fechas, porque estos te dan un pulso para saber de dónde vienen los recursos que van hacia los candidatos y partidos políticos", señaló.

Gómez Puga indicó que la iniciativa también fija límites al financiamiento privado que podrán recibir los aspirantes, así como las aportaciones de militantes y simpatizantes, con el propósito de garantizar la plena identificación del origen y aplicación de los recursos.

Agregó que todos los gastos, incluida la propaganda difundida en plataformas digitales, deberán clasificarse de acuerdo con el aspirante beneficiado, aunque permanecerán dentro de la contabilidad ordinaria de cada instituto político.

La consejera sostuvo que el INE ha reforzado en los últimos procesos electorales la supervisión de los ingresos y egresos reportados por partidos y candidatos, debido al creciente interés ciudadano por conocer el manejo de los recursos públicos destinados al financiamiento de las actividades políticas.

"Ha habido una mayor observación por parte de los ciudadanos y de la autoridad electoral", afirmó.

Los nuevos lineamientos, de ser aprobados por el Consejo General del INE, entrarían en vigor antes del inicio formal del proceso electoral de 2027, con el objetivo de dotar de mayor transparencia y certeza al uso de los recursos durante la definición de candidaturas.