Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las denuncias penales por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos cometidos durante la pasada administración estatal no corren el riesgo de prescribir, ya que las carpetas de investigación han sido judicializadas y varios exfuncionarios fueron vinculados a proceso, afirmó el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Andrés Norberto García Repper Fávila.

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) explicó que la judicialización de los expedientes detiene legalmente el plazo de prescripción, por lo que las investigaciones continúan vigentes pese a la complejidad de los casos.

"Prescriben cuando no haces nada, pero cuando estás realizando actuaciones de investigación, no prescriben", sostuvo.

García Repper Fávila señaló que, aunque algunas investigaciones pueden extenderse incluso por más de un sexenio, no existe riesgo de que las denuncias relacionadas con la administración anterior queden sin efecto por el paso del tiempo.

Indicó que las indagatorias requieren información financiera y patrimonial que debe ser proporcionada por instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de autoridades estadounidenses, debido a que algunos recursos presuntamente pudieron ser movilizados mediante cuentas en el extranjero.

"Se batalla; es un tema de mucha investigación de gabinete que, por consecuencia, lleva tiempo", explicó.

El fiscal añadió que las investigaciones incluyen el análisis de cuentas bancarias, movimientos patrimoniales, redes de prestanombres, parentescos y posibles operaciones en paraísos fiscales, con el propósito de acreditar la probable responsabilidad de los implicados.

Asimismo, confirmó que existen carpetas de investigación y denuncias tanto administrativas como penales en instancias estatales y federales, aunque evitó revelar el número de expedientes por tratarse de investigaciones en curso.

Como parte de esos procesos, recordó que recientemente dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Salud, presentaron nuevas denuncias por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos que superan los 343 millones de pesos.