Reynosa, Tamaulipas.– La muerte de la menor Dafne durante un campamento en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en la zona sur de Tamaulipas, debe ser analizada desde una perspectiva de derechos humanos y de protección integral de la niñez, señaló la abogada y ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Olivia Lemus.

La especialista consideró que, de confirmarse los hechos denunciados por la familia y los testimonios de exalumnos, el caso podría implicar diversas violaciones a los derechos de las infancias, particularmente en un entorno donde la menor se encontraba bajo custodia institucional.

Entre los aspectos que destacó se encuentra el derecho a la vida y a la integridad física, al recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación de garantizar la supervivencia, el desarrollo y la protección de los menores bajo cualquier tipo de cuidado.

Asimismo, señaló que los señalamientos sobre presuntos golpes, amenazas, incomunicación y castigos extremos, referidos por exalumnos de la institución, podrían configurar posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes, los cuales no pueden justificarse bajo esquemas de disciplina.

Lemus también hizo referencia al principio del interés superior de la niñez, previsto en la Constitución, el cual obliga a que toda actividad educativa, recreativa o formativa privilegie el bienestar físico y emocional de niñas, niños y adolescentes. Indicó que exigir actividades excesivas o no atender oportunamente malestares de salud constituiría una omisión grave.

Respecto a la atención médica, apuntó que las versiones sobre una presunta caída, deshidratación y otros padecimientos, frente a los reportes sobre vómito y complicaciones físicas, evidencian la necesidad de esclarecer si existieron protocolos adecuados de atención y respuesta ante una emergencia.

La expresidenta de la Codhet enfatizó que las autoridades deben realizar una investigación con perspectiva de infancia y de género, determinar las responsabilidades correspondientes y revisar los mecanismos de supervisión de las academias militarizadas privadas para garantizar que sus métodos disciplinarios respeten los derechos humanos.

Añadió que también es indispensable brindar una reparación integral del daño a la familia, que incluya acompañamiento legal y psicológico, así como medidas que eviten la repetición de hechos similares.

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad a actuar con empatía y respeto hacia la familia de la menor, evitando emitir juicios anticipados y privilegiando la solidaridad mientras las autoridades concluyen las investigaciones.

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