Ciudad Victoria, Tamaulipas. - La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) confirmó que ocho elementos de la Guardia Estatal son investigados por su presunta participación en un caso de privación ilegal de la libertad y posible extorsión contra un comerciante en Reynosa, hechos denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y que también son indagados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, aseguró que la dependencia mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta fuera de la ley, y advirtió que, de comprobarse responsabilidades, los policías serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

"Aquí, bajo mi administración, no va a haber tolerancia para la impunidad ni para la extorsión. Todo acto que esté fuera de la legalidad tendrá consecuencias", afirmó.

El funcionario explicó que la SSPT tuvo conocimiento del caso días después de ocurridos los hechos, tras una llamada realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la Dirección de Asuntos Internos, instancia que inició de inmediato la investigación administrativa.

Como medida cautelar, los ocho policías fueron retirados de Reynosa y concentrados en el Complejo de Seguridad Pública en Ciudad Victoria, donde permanecen bajo supervisión y sin desempeñar funciones operativas, atendiendo una recomendación emitida por la CEDH para evitar cualquier acercamiento con las presuntas víctimas.

Pancardo Escudero aclaró que los elementos no han sido suspendidos formalmente, porque el procedimiento administrativo aún se encuentra en etapa de investigación y debe respetarse el debido proceso establecido por la ley.

Indicó que Asuntos Internos cuenta con un plazo de hasta tres meses para integrar el expediente y, una vez concluido, será turnado al Consejo de Desarrollo Policial, órgano encargado de determinar las sanciones administrativas correspondientes.

Paralelamente, señaló que la Secretaría mantiene coordinación con la FGJ del Estado, institución que ya recibió la denuncia y que determinará las responsabilidades penales que pudieran derivarse del caso.

"Si la Fiscalía nos requiere, aportaremos toda la información y las pruebas que tengamos para fortalecer la investigación", sostuvo.

El secretario precisó que los ocho agentes pertenecen a la Guardia Estatal y descartó que formen parte de algún grupo especial de reacción, como se ha señalado en algunas versiones.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier abuso cometido por elementos de la corporación, y aseguró que las investigaciones se desarrollarán con transparencia y apego a derecho.

"Debemos confiar en la Guardia Estatal, pero quien traicione esa confianza enfrentará las consecuencias que marca la ley", concluyó.

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