Ciudad de México.- La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Hepatitis (Censida), hizo un llamado a consolidar una respuesta integral frente al VIH basada en la evidencia científica y el respeto a los derechos humanos, al advertir que la criminalización de las personas por su condición de salud obstaculiza las estrategias de prevención y atención.

El organismo señaló que las políticas públicas deben colocar a las personas en el centro de la respuesta sanitaria, fortalecer la prevención combinada y reducir las desigualdades que limitan el acceso a servicios de salud libres de discriminación, con la participación coordinada de los tres poderes del Estado.

Censida afirmó que la experiencia nacional e internacional demuestra que penalizar una condición de salud no disminuye las nuevas infecciones por VIH ni fortalece las acciones de prevención. Por el contrario, explicó que el temor a consecuencias legales, sumado al estigma y la discriminación, puede desalentar la realización voluntaria de pruebas diagnósticas, el acceso a tratamientos y la atención médica oportuna.

La dependencia recordó que organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como ONUSIDA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han advertido que la criminalización relacionada con determinadas condiciones de salud genera efectos adversos en las estrategias de control epidemiológico.

La Secretaría de Salud destacó que la política nacional de respuesta al VIH se sustenta en el acceso universal a la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral, con pleno respeto a la dignidad de las personas.

Asimismo, subrayó que la evidencia científica confirma que una persona que vive con VIH, recibe tratamiento antirretroviral y mantiene una carga viral indetectable de forma sostenida no transmite el virus por vía sexual, principio reconocido internacionalmente como "Indetectable = Intransmisible (I=I)".

En ese contexto, Censida sostuvo que los marcos legales deben actualizarse conforme al conocimiento científico y no con base en prejuicios o estigmas, por lo que consideró que la derogación del delito asociado a la transmisión del VIH fortalecería las acciones de salud pública orientadas a la corresponsabilidad, la educación sexual integral y el acceso a herramientas preventivas como el uso del condón, la profilaxis preexposición (PrEP), la profilaxis posexposición (PEP), las pruebas de detección y el tratamiento oportuno.

La dependencia agregó que eliminar la criminalización favorecería que más personas conozcan su estado serológico y accedan sin temor a los servicios de salud, contribuyendo al cumplimiento de las metas nacionales e internacionales para poner fin al VIH como problema de salud pública.

Finalmente, reiteró que la protección de la salud pública se fortalece mediante el acceso a la información, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el respeto irrestricto de los derechos humanos, y no mediante la criminalización de las personas por su condición de salud.