Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Efraín “N”, declarado culpable del delito de secuestro agravado, luego de que privó de la libertad a un hombre haciéndose pasar, junto con otros cómplices, por autoridad ministerial.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 6 de junio de 2023 en la alcaldía Benito Juárez, donde la víctima fue interceptada por el ahora sentenciado y otras tres personas, quienes le mostraron una supuesta orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

Al intentar resistirse, el hombre fue golpeado, sometido y obligado a subir a un vehículo, donde además fue despojado de dinero en efectivo y diversas pertenencias.

Mientras permanecía privado de la libertad, los responsables exigieron a un familiar el pago de un millón de pesos para liberarlo. Tras una negociación, acordaron recibir 150 mil pesos y un vehículo con la factura endosada como rescate.

Una vez concretada la entrega, la víctima y su familiar solicitaron apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes implementaron un operativo que derivó en una persecución y la captura de Efraín “N”, mientras que las investigaciones continuaron para identificar a los demás involucrados.

La Fiscalía capitalina informó que el imputado fue vinculado a proceso el 17 de junio de 2023 y que, durante el juicio, el Ministerio Público presentó entrevistas, análisis de seguimiento técnico, dictámenes periciales en materia de criminalística y otros elementos probatorios que acreditaron su responsabilidad penal.

Como resultado, el pasado 2 de julio de 2026, un juez dictó sentencia condenatoria de 50 años de prisión. Además, ordenó la restitución de los 150 mil pesos entregados como rescate, la devolución de los bienes robados a la víctima, el pago de una multa y el decomiso de las armas de fuego utilizadas durante la comisión del delito.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México afirmó que continuará fortaleciendo las investigaciones y la judicialización de casos para combatir los delitos que atentan contra la libertad de las personas y garantizar justicia para las víctimas.