Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas mantiene alrededor de 250 solicitudes de información pública bajo reserva, al considerar que su divulgación podría comprometer investigaciones en curso, procesos administrativos o procedimientos jurídicos aún no concluidos, informó la titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo.

La funcionaria explicó que la medida busca proteger el debido proceso y evitar que personas sujetas a investigación conozcan información que pudiera afectar el desarrollo de las indagatorias o anticipar actuaciones de las autoridades competentes.

Pedraza Melo precisó que la dependencia, creada en julio de 2025, ha recibido alrededor de 5 mil solicitudes de información pública, de las cuales más del 50 por ciento han sido respondidas en tiempo y forma.

No obstante, indicó que cerca del 10 por ciento de esas solicitudes corresponden a información clasificada como reservada, debido a que involucran expedientes, investigaciones o procedimientos que permanecen abiertos.

Explicó que entre las peticiones más recurrentes se encuentran aquellas que buscan conocer cuántas investigaciones existen contra una persona determinada, la naturaleza de las mismas, su estado procesal o los pasos pendientes para que intervenga la autoridad competente, información que, dijo, no puede hacerse pública mientras los procedimientos continúan en trámite.

“Estamos cuidando el debido proceso, entonces todas las investigaciones en donde nos presentan una solicitud de información de equis persona y quieren que les demos detalle, el tipo de información, cuántas tienen, no lo podemos hacer, ¿verdad? porque les daríamos elementos a la persona para que pueda usarlos, ¿verdad? entonces ahí sí les pido su comprensión”, explicó la Doctora en Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que la clasificación temporal de esta información responde a la necesidad de preservar la legalidad de los procedimientos y evitar la filtración de datos que puedan interferir en investigaciones o en la actuación de las autoridades competentes, mientras los expedientes permanecen abiertos.