Altamira, Tamaulipas.- Con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos graves, la diputada federal de Morena, Blanca Araceli Narro Panameño, presentó una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y permitir que cualquier Ministerio Público del país pueda intervenir de manera inmediata, sin importar la jurisdicción donde ocurrieron los hechos.

La propuesta contempla la adición del artículo 211 Bis, mediante el cual se busca eliminar obstáculos legales que puedan retrasar la atención urgente a menores que hayan sufrido violencia física, psicológica o sexual, garantizando acciones inmediatas para salvaguardar su integridad y preservar pruebas fundamentales para las investigaciones.

Actualmente, las fiscalías deben ajustarse a reglas de competencia territorial, lo que en algunos casos puede generar demoras o cuestionamientos sobre la validez de diligencias realizadas fuera de la jurisdicción correspondiente. La iniciativa pretende cerrar ese vacío legal al facultar expresamente a cualquier agente del Ministerio Público para actuar cuando se trate de proteger a menores de edad.

La legisladora fundamentó su propuesta en criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en la resolución del Amparo en Revisión 667/2023, donde se estableció que las autoridades ministeriales tienen la obligación constitucional de recibir denuncias y recabar pruebas urgentes para proteger a las víctimas, independientemente del lugar donde se haya cometido el delito.

La iniciativa cobra especial relevancia ante las cifras de violencia contra la niñez en México. De acuerdo con datos incluidos en la exposición de motivos, el 31.6 por ciento de las adolescentes mexicanas de entre 15 y 19 años reportó haber sufrido algún tipo de violencia durante su infancia. Además, miles de menores continúan siendo víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual y otras agresiones que requieren atención inmediata por parte de las autoridades.

Entre las facultades que contempla la reforma se encuentran la recepción de denuncias, entrevistas a víctimas, valoraciones médicas y psicológicas, dictámenes periciales y otras diligencias urgentes encaminadas a proteger a los menores, aun cuando posteriormente la carpeta de investigación deba ser remitida a la fiscalía competente.

Asimismo, la propuesta establece que la falta de competencia territorial no podrá utilizarse para invalidar actuaciones realizadas con el propósito de proteger de manera inmediata a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos.

Narro Panameño sostuvo que la ausencia de una disposición clara genera incertidumbre jurídica y puede traducirse en retrasos que afecten el acceso a la justicia y aumenten el riesgo de revictimización.

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