Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, aclaró que la viabilidad jurídica de una eventual candidatura a la ex funcionaria estatal Yahleel “N” se determinará hasta que se abra el periodo de registros para el proceso intermedio del próximo año.

En ese sentido, Ramos Charre no quiso emitir un juicio anticipado sobre la situación legal de la exdiputada, toda vez que precisó serán los partidos políticos, quienes primero evalúen los perfiles en sus procesos internos y luego corresponderá al Consejo General validar si cumple los requisitos constitucionales de elegibilidad.

Señaló que los requisitos de elegibilidad están definidos para los distintos cargos en la Constitución del Estado, la Ley Electoral y el Código Municipal, y en procesos judiciales depende del juez en cuestión determinar o no la suspensión de los derechos político electorales.

Esto en torno al caso de la ex secretaria de Bienestar Yahleel “N”, quien podría ser vinculada a proceso por una jueza en Victoria, y quien buscó ya en dos ocasiones la alcaldía de Nuevo Laredo.

"El registro de candidaturas es una etapa del proceso electoral que se definirá el 13 de septiembre que aprobemos el calendario electoral", dijo.

Ramos Charre, precisó que será hasta la etapa de registro a candidaturas cuando la autoridad electoral valore si se cumplen o no los requisitos de elegibilidad.

"En este momento no tengo yo elementos objetivos algunos para poder pronunciarme si la persona en mención es o no elegible, eso le corresponde en primera instancia a los partidos políticos como parte de sus procesos de selección, y después cuando se envíen sus registros valoraremos las circunstancias como siempre se ha hecho", dijo.

Y sostuvo que en su momento el IETAM consultará al INE si las personas que buscan el registro están o no vigentes en sus derechos político electorales.

"No es posible si una persona no tiene vigentes sus derechos político electorales que pueda participar como candidata o candidato a un cargo de elección popular, por la razón de que el derecho a votar y ser votado es un derecho fundamental", dijo.

Explicó que si la persona está o no privada de los derechos político electorales lo está por determinación de una autoridad jurisdiccional y no de la electoral.

"De tal suerte que si existe un juez que producto de una causa criminal determina que a una persona deben privársele sus derechos político electorales eso se le comunica en primera instancia al INE y al Registro Federal de Electores, para que proceda a darle de baja del listado nominal y el padrón electoral", concluyó.

Sj