Tampico, Tamaulipas. - Una actuaria del Poder Judicial del Estado, acompañada por los abogados del demandante y elementos de la Guardia Estatal, realizó un procedimiento de notificación de embargo de bienes en contra de una sucursal de Banorte ubicada sobre la avenida Miguel Hidalgo, en la colonia Lomas de Rosales de Tampico, como parte de la ejecución de una sentencia que obliga a la institución financiera a cubrir 2 millones 200 mil pesos por concepto de costas judiciales.

De acuerdo con los representantes legales del caso, durante la diligencia el personal de la institución bancaria no abrió las puertas de las oficinas, pese a que se identificó plenamente a la funcionaria judicial y a quienes la acompañaban. Ante esta situación, la notificación oficial fue entregada al introducir el documento por debajo de la puerta, dándose por legalmente realizada.

El litigio favorece a la empresa Al Pasto S.A., representada legalmente por Ernesto Juárez del Ángel, quien obtuvo una resolución favorable desde 2022. Sin embargo, según los abogados Ezequiel Santiago y Marisela Curiel Bautista, Banorte se ha negado desde entonces a cubrir el pago correspondiente derivado de la condena en costas.

El origen del conflicto se remonta a 2021, cuando Banorte promovió una demanda en contra de Ernesto Juárez por un presunto adeudo de 10 millones 900 mil pesos y logró el embargo de dos inmuebles. No obstante, durante el proceso judicial se acreditó que dicha obligación ya había sido transferida años antes a la empresa Sólida Administradora de Portafolios, por lo que el juez determinó que el banco carecía de derecho para exigir ese cobro.

Aunque inicialmente no se condenó a la institución financiera al pago de los honorarios legales, en marzo de 2025 se promovió un amparo directo que resultó favorable para el afectado, ordenándose posteriormente que Banorte cubriera las costas del juicio. Los recursos legales interpuestos por el banco para evitar esa obligación fueron desechados.

Con la sentencia ya firme y ante la falta de cumplimiento del pago, las autoridades judiciales iniciaron el procedimiento de embargo para hacer efectivo el cobro de los 2.2 millones de pesos, diligencia que fue notificada en la sucursal pese a que el personal permaneció sin atender el requerimiento.

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