Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) mantiene una ofensiva legal para recuperar entre 50 y 60 millones de pesos presuntamente afectados al patrimonio público, recursos observados durante procesos de fiscalización y que actualmente forman parte de expedientes en análisis ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

El auditor superior, Francisco Noriega Orozco, informó que existen alrededor de 27 procedimientos abiertos relacionados principalmente con la cuenta pública 2023 y ejercicios posteriores, en los cuales se busca determinar responsabilidades y lograr el reintegro de recursos observados durante las auditorías practicadas a entes públicos.

“Estaríamos hablando de alrededor de entre 50 y 60 millones de pesos los que estamos tratando de que sean resarcidos ante el Tribunal de Justicia Administrativa”, explicó.

La cifra representa uno de los montos más relevantes que actualmente se encuentran en proceso de recuperación por parte del órgano fiscalizador, en un contexto donde la vigilancia sobre el uso de recursos públicos se ha intensificado en los últimos años.

De acuerdo con Noriega Orozco, los procedimientos no avanzan con rapidez debido a la complejidad técnica y jurídica de las revisiones, ya que cada observación debe pasar por diversas etapas de análisis, solventación y eventual determinación de responsabilidades.

Detalló que los procesos de fiscalización suelen extenderse por varios meses debido a la complejidad de las revisiones, por lo que las observaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2024 aún continúan en análisis y sus resultados se conocerán hasta finales de este año.

Mientras continúan las revisiones de las cuentas públicas más recientes, la ASE mantiene abiertos expedientes que podrían derivar en sanciones económicas o administrativas para exfuncionarios y responsables del manejo de recursos públicos, dependiendo de las resoluciones emitidas por las instancias competentes.

El auditor también destacó que, además de las observaciones económicas, ya se han aplicado sanciones administrativas a más de un centenar de servidores públicos por irregularidades detectadas durante los procesos de fiscalización.

Además, señaló que aunque se han aplicado sanciones administrativas a más de un centenar de servidores públicos, el objetivo principal es lograr la recuperación de recursos públicos observados, una práctica que, aseguró, comenzó a fortalecerse a partir de 2024 mediante la presentación de expedientes ante las autoridades jurisdiccionales.

La estrategia de recuperación de recursos busca que las observaciones derivadas de las auditorías no concluyan únicamente en sanciones administrativas, sino que también permitan restituir al erario fondos públicos cuyo destino o aplicación no fue debidamente acreditado durante los procesos de revisión.