Ciudad Victoria, Tamaulipas. - La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó alrededor de 2 mil presuntas responsabilidades administrativas durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, una cifra que refleja la magnitud de las irregularidades que deberán ser investigadas por los órganos internos de control de los entes públicos en Tamaulipas.

El auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, al presentar el informe de actualización de los trabajos de fiscalización, explicó que estas observaciones corresponden principalmente a faltas administrativas consideradas no graves, pero advirtió que ignorarlas puede derivar posteriormente en actos de corrupción o daños al patrimonio público.

“Para este ejercicio 2024, hablando en total de toda la fiscalización, son alrededor de dos mil presuntas responsabilidades administrativas que tienen que investigarse, y que tienen que llevar todo el proceso que marca la ley para generar una sanción”, señaló.

El auditor indicó que durante años, muchas de estas observaciones quedaban únicamente registradas en los informes sin que existiera seguimiento sobre las sanciones o procedimientos iniciados contra los servidores públicos involucrados.

Ante ello, la Auditoría comenzó a exigir información sobre el avance de los expedientes, para conocer si efectivamente están siendo atendidos por las contralorías internas.

Noriega Orozco advirtió que cuando las faltas menores no son castigadas se genera una percepción de impunidad que favorece la repetición de conductas irregulares dentro de las administraciones públicas.

“Ahí es donde empieza todo. Los pequeños detalles se empiezan a normalizar, empiezan a darse cuenta que nada sucede y se empiezan a arriesgar cada vez más hasta que se cometen actos de corrupción”, afirmó.

Durante el análisis de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría también detectó contrastes importantes entre los entes fiscalizados. Mientras los ayuntamientos lograron reducir en aproximadamente un 21 por ciento los montos observados, las Comapas registraron un deterioro superior al 40% y los organismos paramunicipales un incremento cercano al 70 por ciento.

El titular de la ASE consideró que una de las principales causas de estas deficiencias es la falta de personal especializado para administrar correctamente los recursos públicos, situación que afecta principalmente a organismos operadores de agua y dependencias descentralizadas.

Finalmente, sostuvo que el objetivo de la fiscalización no es únicamente detectar irregularidades, sino asegurar que las observaciones concluyan en investigaciones y sanciones que permitan corregir prácticas administrativas deficientes y reducir el riesgo de futuros quebrantos al erario.

Sj