Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, presentó una iniciativa para que el Congreso local promueva ante el Congreso de la Unión una reforma constitucional que permita aplicar tratamientos médicos destinados a disminuir la impulsividad sexual de personas sentenciadas por delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

La propuesta plantea modificar el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que este tipo de tratamientos no sean considerados penas inusitadas, sino mecanismos orientados a prevenir la reincidencia y garantizar la protección de las víctimas.

Al sustentar la iniciativa, el legislador señaló que la violencia sexual contra menores continúa siendo una de las problemáticas más graves del país y requiere nuevas herramientas para combatirla.

“La acción legislativa que nos ocupa tiene por objeto emitir un Punto de Acuerdo para introducir ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de tratamientos médicos para delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes”, establece el documento.

Peña Flores advirtió que la incidencia de este tipo de delitos mantiene una tendencia preocupante, especialmente entre la población infantil y adolescente.

“Una de las principales causas que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso lo es la lucha contra la violencia sexual, particularmente cuando se comete contra niñas, niños y adolescentes”, expone la iniciativa.

En la exposición de motivos se citan estadísticas nacionales que muestran el incremento de delitos como el acoso sexual, el hostigamiento y la violación, además de la elevada cifra negra derivada de casos que no son denunciados por temor o vergüenza de las víctimas.

Asimismo, el diputado destacó los bajos niveles de castigo para este tipo de conductas.

“De cada 157 delitos sexuales, solo una persona pisa la cárcel por dicha conducta”, señala el documento con base en cifras del Censo Nacional del Sistema Penitenciario.

La iniciativa refiere además que, de acuerdo con datos de organizaciones especializadas, una parte importante de las víctimas de violación son menores de edad.

“Cuatro de cada diez víctimas de violación son menores de 15 años y muchos de los agresores forman parte del entorno cercano o familiar de la víctima”, se expone en el proyecto legislativo.

El legislador argumentó que las sanciones actuales deben complementarse con medidas que atiendan factores asociados a la conducta de los agresores sexuales, particularmente en casos donde existan alteraciones relacionadas con el control de impulsos.

“Resulta necesario ampliar el catálogo de consecuencias penales para los sentenciados, haciendo énfasis no tanto en un tiempo de privación de su libertad, sino trabajando también en las causas”, indica la iniciativa.

Peña Flores señaló que países como Perú, Colombia, Estados Unidos y algunas naciones europeas ya contemplan tratamientos médicos dirigidos a reducir la impulsividad sexual de personas condenadas por este tipo de delitos.

“Se han implementado medidas para brindarles, con independencia de la pena corporal de privación de la libertad, un tratamiento médico que les ayude a controlar su impulsividad y con ello evitar que cometan violaciones y ataques sexuales, tanto al interior de los reclusorios como en el exterior una vez cumplida su sentencia”, refiere el documento.

La propuesta sostiene que esta medida no debe interpretarse como una sanción cruel, sino como una garantía de no repetición en beneficio de las víctimas y de la sociedad.

“No se trata de una venganza pública, sino de reequilibrar mediante nuestra intervención como legisladores los derechos humanos de las víctimas con los derechos humanos de los imputados”, argumenta la iniciativa.

De ser aprobada, la reforma establecería que “no se considerarán penas inusitadas los tratamientos médicos destinados a disminuir la impulsividad sexual como garantía de no repetición”, incorporando esta disposición directamente en el artículo 22 constitucional.

La propuesta fue presentada ante el Congreso de Tamaulipas para que, en su caso, sea remitida al Congreso de la Unión como iniciativa formal de reforma constitucional.