En la LXVI Legislatura del Congreso de Tamaulipas el debate ha subido de tono. No para discutir temas inherentes a la sesión plenaria del momento y, en cambio, sí verter acusaciones sobre la traición a la Patria, considerando los pronunciamientos de los diputados Gerardo Peña Flores (PAN) e Isidro Jesús Vargas Fernández (morena).

Al respecto, hay que aclarar que la traición a la Patria se constituye en delito grave cuando un individuo atenta contra la soberanía, independencia o integridad de su país, buscando someterlo a un gobierno extranjero.

El Partido Acción Nacional (PAN), ha dado claras muestras de estar al servicio de intereses yanquis, mientras Movimiento Regeneración Nacional (morena) ha reiterado su objeción a la injerencia gringa, en asuntos que no son de su incumbencia.

Con este tema se encendió la sesión plenaria del viernes anterior.

Incluso, subió de tono cuando Peña Flores --el llamado diputado ‘cero votos’, por nunca haber ganado una elección-- acusó que en este régimen se abrió la puerta al crimen organizado.

¡Pamplinas!

Lo cierto es que, Francisco Javier García Cabeza de Vaca --el jefe de Gerardo--, desde antes de ser alcalde de Reynosa se alió con el grupo de ex policías federales comandados por Guillermo González Calderoni, que ya para entonces eran señalados como protectores de narcotraficantes.

El 1 de enero de 2005, Francisco tomó posesión como edil y nombró a René Izaguirre Rodríguez como director de Seguridad Pública Municipal, pero éste no asumió el cargo por haber sido ultimado en lo que se dijo fue un ajuste de cuentas entre criminales. Posteriormente fueron asesinados otros de sus colaboradores, amigos, confidentes y demás.

De eso bien debe acordarse Peña Flores, pues él fue contralor. Y, por cierto, el hombre más cercano a Pancho.

Ya en la gubernatura García Cabeza de Vaca, la presencia de grupos criminales en Tamaulipas fue harto evidente. Aumentaron las extorsiones y cobro de ´piso, los secuestros, la represión contra oponentes y el gobierno como la Universidad Autónoma de Tamaulipas sufrieron infames saqueos a sus arcas; delincuentes se instalaron en la administración pública y hubo un entreguismo a la Unión Americana, con el rollo de que Francisco era un perseguido político, cuando en realidad es un ladrón y homicida al servicio de los intereses gringos. Y eso, admítase o no, sí es traición a la Patria.

Por cierto, Gerardo resulta involucrado porque ‘tanto mata el que mata la vaca, como el que le agarra la pata’.

Partidos irresponsables

La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, tiene y no tiene razón de ser. La tiene, por ser un filtro para alertar a los partidos políticos si ésta detecta que cualquiera de sus aspirantes a cargos de elección popular mantiene vínculos con grupos delincuenciales. Y no la tiene, porque revisar perfiles, antecedentes y relaciones de su nomenclatura, antes de abrirle los espacios de participación, es responsabilidad de los partidos. Sólo de ellos.

Advierte la reforma, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que la investigación se realizará de manera voluntaria, 

Así que, de equivocarse los dirigentes serían copartícipes del arribo de delincuentes a espacios gubernamentales, legislativos y edilicios y tendrían que responder, por eso, no sólo ante las instancias judiciales, sino frente al pueblo, pues, como reza el adagio popular: ‘tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata’.

Ciertamente, habrá aspirantes que rehúyan someterse a las pesquisas de la comisión a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) aventándoles a las dirigencias partidistas ‘coñana$o$ convincentes’ --siempre ha sido así--, para evitar ser investigados; o hasta sujetos a ser requeridos por la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y/o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en caso de mantener nexos de cualquier índole con grupos criminales.

A esa investigación voluntaria, también podrán someterse quienes por la vía independiente aspiren a cargos de elección popular.

Por otra parte, la funcionalidad de esa comisión verificadora, que debe estar integrada por cinco consejeros electorales, está en entredicho porque la carga de trabajo sería mayúscula y se carece del personal suficiente y lo que es peor, capacitado, para atender la tarea.

Al respecto la consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei Zavala, se ha pronunciado en contra, asegurando que se colocaría a esa autoridad electoral en el centro de la disputa política.

Dijo: “Si el marco legal obliga al INE a asumir funciones que impliquen juzgar y determinar, por cuenta propia, la probidad de una persona, estaría vulnerándose nuestro papel como (la) autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas”.

A su crítica, respondió la presidenta que “Guadalupe no entiende bien la propuesta, pues la reforma no es para que el INE determine la viabilidad de las candidaturas, ni tome la decisión final sobre las mismas, puesto que esto solo corresponde a los partidos”.

Entonces, ¿para qué armar tanto circo?

Líneas arriba le comenté que la responsabilidad de abrirles o cerrarles las puertas al poder político-administrativo y legislativo, es responsabilidad de los partidos.

Así que Claudia Sheinbaum Pardo no está descubriendo el hilo negro.

Correo: jusam_gg@hotmail.com