Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una sentencia condenatoria de 140 años de prisión contra Ricardo “N”, al acreditarse su responsabilidad en el secuestro de una adolescente ocurrido en septiembre de 2017, quien fue localizada sin vida el mismo día de los hechos.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 8 de septiembre de 2017 la víctima y su padre fueron interceptados al salir de su domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero por Ricardo “N” y otros sujetos armados. El padre fue golpeado y retenido, mientras que la adolescente fue privada de la libertad y subida a un vehículo.

Minutos después, los agresores realizaron llamadas de exigencia de dinero a cambio de su liberación; sin embargo, horas más tarde la menor fue hallada sin vida en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México.

Tras las indagatorias, la Fiscalía capitalina obtuvo una orden de aprehensión contra Ricardo “N”, cumplimentada el 19 de octubre de 2022 en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde ya se encontraba preso por otros dos casos de secuestro. Posteriormente, fue vinculado a proceso y finalmente sentenciado a 140 años de prisión.

En el proceso, la autoridad ministerial presentó dictámenes periciales en fotografía, química y criminalística, además de trabajos de inteligencia y seguimiento técnico que permitieron acreditar su participación en los hechos.

Por este mismo caso, Esteban “N” fue vinculado a proceso tras su detención en julio de 2020 y actualmente permanece en prisión preventiva. Asimismo, la Fiscalía CDMX obtuvo previamente sentencias contra otros dos implicados: David “N”, condenado a 80 años de prisión en octubre de 2019, y Anthony “N”, sentenciado a 140 años en marzo de 2026.

Con ello, suman ya tres personas sentenciadas por este secuestro, mientras un cuarto implicado continúa sujeto a proceso penal.

La Fiscalía capitalina señaló que continuará fortaleciendo sus investigaciones para llevar ante la justicia a los responsables de delitos de alto impacto y garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño para las víctimas y sus familias.