Hay preguntas que parecen sencillas, pero que en realidad obligan a una persona a mirar hacia dentro de sí misma. Una de ellas, seguramente, me la harán cuando entre a estudiar Derecho: “¿Por qué decidió estudiar esta carrera a los 52 años?”

La pregunta no me incomoda. Al contrario, me parece legítima. No pesa igual cuando se dirige a un joven que apenas sale de la preparatoria que cuando se le formula a alguien que ya ha vivido, observado y escuchado historias suficientes para entender que la justicia no siempre funciona como debería.

Con el paso de los años he conocido casos que dejan una sensación difícil de olvidar. Historias de personas que enfrentaron abusos, arbitrariedades o procedimientos profundamente cuestionables dentro del antiguo sistema inquisitivo. Experiencias así cambian la manera de mirar el Derecho, porque uno comprende que la justicia no es solamente un conjunto de normas escritas en un código: también es una barrera frente al abuso del poder.

Y cuando el poder se ejerce sin límites claros o sin respeto al debido proceso, cualquier persona puede sentirse vulnerable frente al propio Estado.

Tal vez por eso quiero estudiar Derecho en esta etapa de mi vida. No se trata únicamente de aprender conceptos jurídicos o memorizar normas. Me interesa comprender cómo funciona realmente el sistema de justicia penal, cuáles son sus límites y de qué manera las garantías procesales pueden proteger la dignidad y los derechos de las personas.

De hecho, si todavía existiera el viejo sistema inquisitivo, quizá no tendría la misma motivación para estudiar esta carrera. Sin embargo, me parece importante reconocer que en México se han impulsado cambios relevantes en la manera de impartir justicia. El nuevo sistema de justicia penal, con todas sus imperfecciones, representa al menos un esfuerzo por fortalecer principios como la presunción de inocencia, la transparencia procesal y el respeto a los derechos fundamentales.

Conforme fui interesándome más en estos temas, entendí que el Derecho no puede reducirse únicamente a castigar o señalar culpables. También debe servir para poner límites al poder y garantizar que toda persona sea escuchada dentro de un procedimiento justo. Por eso me ha llamado particularmente la atención el funcionamiento del sistema penal acusatorio y la importancia que tiene el debido proceso dentro de cada etapa de la investigación y del juicio.

En cualquiera de las etapas del procedimiento, las reglas deben respetarse. Esa es, precisamente, una de las diferencias fundamentales entre un sistema que privilegia la opacidad y otro que, al menos en teoría, busca garantizar equilibrio entre las partes y mayor transparencia en las actuaciones judiciales.

Qué distinto resulta pensar en aquellos años en los que, en ocasiones, el imputado ni siquiera tenía la posibilidad de confrontar a quienes declaraban en su contra. Por eso digo que, aun reconociendo que el sistema actual está lejos de ser perfecto, hoy me siento más motivado que nunca por conocer a ciencia cierta cómo opera el nuevo modelo de justicia, sobre todo en materia penal.

Hace poco, una señora que vende ropa junto con otras personas me contó un caso que la hizo pasar momentos de verdadera angustia. Según relató, un hombre al que le habían dado confianza y la oportunidad de ayudar en algunas actividades del local —como acomodar mercancía o hacer mandados— comenzó, de pronto, a acusarla de haberle robado unas joyas que supuestamente pertenecían a una herencia familiar.

La señora decía que el hombre hablaba con tal seguridad que terminó por asustarla. Incluso tuvo que presentar una denuncia, porque él acudió en más de dos ocasiones a exigirle que devolviera las joyas. Finalmente, el asunto concluyó cuando la Policía de Investigación le advirtió al hombre que dejara de molestarla y que no volviera a acercarse al lugar.

Según se comentó después, la historia nunca resultó del todo creíble, entre otras cosas porque nadie conocía la existencia de esas supuestas joyas. Aun así, el episodio dejó muy afectada a la señora, quien siempre ha trabajado acompañada de su familia y goza de buena reputación.

Y entonces surge una pregunta inevitable.

Si un caso así hubiera ocurrido bajo el sistema anterior, ¿qué habría pasado con la señora que vende ropa?

Francamente, prefiero no pensarlo.