Imagine el siguiente escenario ocurrido entre los años 2009 y 2010, cuando el sistema penal mexicano aún conservaba prácticas profundamente inquisitivas.

Una persona acaba de ser detenida y trasladada al reclusorio. Han pasado apenas unas horas desde su aprehensión. Su abogado, quien anteriormente lo representaba en un asunto laboral, llega al reclusorio y le pide que firme un documento para asumir ahora también su defensa en el proceso penal.

La persona firma confiando en él.

En ese momento no sabía si aquella firma serviría para recuperar su libertad o para perderla. Bastó un documento, una decisión y la intervención de las instituciones para que su libertad quedara sujeta al poder del Estado.

Horas después descubre que aquel abogado no estaba impulsando su defensa. Por el contrario, había promovido otro expediente penal en su contra por un supuesto robo. Con el paso del tiempo, y después de obtener su libertad bajo fianza, comprende que el problema no era solamente la conducta de un abogado, sino algo mucho más profundo: la facilidad con la que el poder del Estado podía activarse contra una persona.

La historia podría centrarse en la traición, en el conflicto legal o incluso en los motivos detrás de aquella denuncia. Sin embargo, lo verdaderamente importante es otra cosa: cómo el poder punitivo del Estado puede convertirse en un mecanismo de presión capaz de vulnerar la libertad, la dignidad y los derechos de una persona.

La libertad es uno de los derechos humanos más importantes. No se trata únicamente de la posibilidad de caminar por las calles o de expresar ideas libremente. La libertad representa también la seguridad de no quedar a merced de decisiones arbitrarias, investigaciones deficientes o abusos de poder.

Tal vez por eso la libertad necesita algo más que discursos: necesita garantías, límites y mecanismos de protección que impidan que pueda ser vulnerada arbitrariamente.

Porque cuando el Estado interviene bajo la justificación de perseguir un delito, existe siempre el riesgo de que ese poder se ejerza sin límites claros. Entonces, las instituciones que deberían proteger derechos pueden terminar afectándolos.

El Estado ejerce ese poder a través de sus instituciones: policías, ministerios públicos, jueces y todo un aparato jurídico encargado de investigar y sancionar delitos. Sin embargo, cuando ese poder se ejerce sin controles suficientes o sin una investigación adecuada, una persona puede quedar atrapada durante años dentro de un proceso penal.

El miedo a perder la libertad es una de las formas más duras de vulnerabilidad humana. Y ese miedo se vuelve todavía más peligroso cuando una persona se encuentra en un entorno hostil, sin recursos económicos suficientes para defenderse y sin la fuerza necesaria para enfrentar el poder del propio Estado que interviene sobre su libertad. Después de atravesar una situación así, surge una pregunta inevitable: ¿puede una persona volver a confiar plenamente en el Estado o incluso en el propio Derecho?

No fue solamente un abogado actuando contra su propio cliente. Fue también un aparato institucional que permitió que un expediente avanzara sin una investigación exhaustiva, hasta llegar ante un juez y derivar en una orden de aprehensión.

Ahí es donde aparece el verdadero problema.

El Derecho existe para proteger libertades, no para convertirse en un instrumento de presión o arbitrariedad. Y aunque el Estado tiene la obligación de perseguir delitos, también tiene el deber de respetar la dignidad humana y las garantías fundamentales de toda persona.

A veces la libertad de una persona puede quedar suspendida entre expedientes, firmas y decisiones institucionales. Por eso el verdadero deber del Estado no es solamente castigar, sino garantizar que ninguna persona quede indefensa frente al poder.