Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el propósito de garantizar el acceso al agua como un derecho humano prioritario, fue presentada ante el Congreso de Tamaulipas una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas del Estado que contempla nuevas obligaciones para autoridades estatales y municipales, así como mecanismos de gestión sustentable y participación ciudadana.

Dentro de la propuesta legislativa presentada por el legislador Isidro Jesús Vargas Fernández y Humberto Prieto Herrera, se establece que “el agua es un bien de dominio público, vital, vulnerable y finito, con valor económico, social y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad”.

Asimismo, el documento señala que “queda prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar el derecho al acceso a los servicios de agua potable y tratamiento para consumo personal y doméstico”.

La iniciativa también incorpora nuevas atribuciones para el Ejecutivo estatal, entre ellas “formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de agua y saneamiento, refiriéndolos como derechos humanos fundamentales de atención prioritaria, incorporando la perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y el interés superior de la niñez”.

Además, plantea que el Estado deberá “garantizar el disfrute del derecho humano al agua, mediante la regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la contaminación de las aguas de su jurisdicción”.

Entre los nuevos conceptos que se integran a la legislación destacan los “sistemas comunitarios de agua y saneamiento”, definidos como instancias organizadas por habitantes de una comunidad “con la finalidad de prestar el servicio de agua potable y en su caso, tratamiento de aguas residuales, sin una lógica de lucro o ganancia”.

De igual forma, se contempla promover la instalación de sistemas de captación pluvial para uso doméstico y soluciones basadas en la naturaleza para contribuir a la gestión integral del agua y la conservación de ecosistemas. 

La propuesta también establece que los municipios deberán dar prioridad presupuestal a los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, al considerarlos “derechos humanos de atención prioritaria”.

En materia financiera, la reforma prevé que los organismos operadores actualicen las tarifas conforme a la variación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor, sustentadas en estudios técnicos y financieros que deberán ponerse a disposición del público en cumplimiento de las normas de transparencia.