Ahora que me he propuesto estudiar la carrera de Derecho, se ha despertado en mí un gran entusiasmo por leer libros sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, conocido también como sistema acusatorio. Ese entusiasmo, sin embargo, está marcado por experiencias poco gratas que conocí durante la vigencia del sistema inquisitivo, el modelo anterior.

Al hacer una comparación —quizá todavía muy subjetiva— entre ambos sistemas, me atrevo a decir que existe una gran diferencia tanto en la teoría como en la práctica.

Aún no me consta qué tan bueno o malo sea el sistema acusatorio; eso lo iré descubriendo poco a poco cuando comience formalmente la carrera. Sin embargo, he estado leyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, y eso me ha permitido entender que existe un procedimiento que debe cumplirse al pie de la letra. Entre las ideas más importantes que ahí se manejan están el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

Durante muchos años se decía que el sistema inquisitivo era un arma poderosa que, en ocasiones, terminaba favoreciendo intereses personales. Primero se encarcelaba a la persona y después se investigaba. ¿Quién investigaba? El Estado, a través de la policía ministerial, el Ministerio Público, los jueces y otras autoridades.

Hay algo que apenas empiezo a comprender: no se trata solamente de señalar las grandes fallas del sistema inquisitivo. La verdadera pregunta es otra: ¿en qué momento comenzó a fallar el sistema penal?

Desde mi todavía limitada experiencia teórica, pienso que una de las fallas surgía desde el momento en que los expedientes eran entregados al Ministerio Público para investigar. Muchas veces no se investigaba adecuadamente y, como se decía entonces, “el expediente mandaba”. Lo que el expediente decía parecía convertirse en verdad absoluta.

Por fortuna, después de la reforma constitucional de 2008 y con la implementación del sistema acusatorio en todo el país a partir de 2016, existe una nueva forma de entender la justicia. No obstante, hay un tema que me sigue inquietando: la prisión preventiva.

Por lo que he leído, entiendo que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece ciertos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, también se ha señalado que el abuso de esta medida puede afectar derechos humanos fundamentales.

Entiendo que el sistema actual no busca abusar de la prisión preventiva, sino privilegiar mecanismos alternativos, porque de lo contrario se caería nuevamente en la vieja lógica del sistema inquisitivo: “mételo a la cárcel y después averiguamos”.

Esa conclusión la obtengo de algunos libros y materiales que he leído sobre el sistema acusatorio. Y aunque todavía tengo mucho por aprender, algo me queda claro: el expediente ya no es el rey absoluto de la verdad.

Ahora el Ministerio Público tiene la responsabilidad de demostrar públicamente, frente a un juez y bajo las reglas del debido proceso, que una persona cometió un delito. Existen interrogatorios, contrainterrogatorios y un verdadero debate jurídico. Esa parte me parece interesante, porque ya no se trata simplemente de entregar un expediente y encarcelar de inmediato al imputado. Hoy existe una mayor responsabilidad para presentar pruebas y demostrar la existencia del delito.

También hice una comparación entre el sistema acusatorio mexicano y el de países como Inglaterra y España. Descubrí que naciones como Inglaterra tienen una tradición mucho más antigua en los juicios orales y en los modelos acusatorios, mientras que España cuenta con una larga evolución en materia procesal penal. México, en cambio, apenas comienza a consolidar este sistema.

La llegada del Nuevo Sistema de Justicia Penal me ha inspirado a estudiar Derecho. Algunas personas me han dicho que soy muy aventado por comenzar esta carrera a mis 52 años. Lo que quizá no saben es que el sistema acusatorio en México también es joven, y yo quiero crecer junto con él.

Irónicamente, podría decir que yo soy mayor que este nuevo sistema de justicia.