La solicitud que el gobierno estadounidense hizo al gobierno de México, vía diplomática para la detención provisional del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y de nueve funcionarios y/o ex funcionarios públicos, con fines de extradición, no es una acción injerencista.

Para nada, pues solamente se trata de una petición que toca atender o rechazar a las autoridades federales.

En principio a la Fiscalía General de la República (FGR), cuya tarea es confirmar la comisión del delito mediante investigaciones, para presentar al Poder Judicial de la Federación la denuncia correspondiente. O desecharla de plano, al no encontrar elementos probatorios contra los inculpados.

Y, al considerar improcedente esa petición, la FGR la desechó. 

Sin embargo, el mandatario sinaloense y el alcalde de Culiacán --Juan de Dios Gámez Mendívil--, reavivaron el tema ‘injerencista’ al pedir licencia para separarse (temporalmente) de sus funciones. Y enfrentar la acusación estadunidense, si acaso un agente del Ministerio Público federal determina que son prospectos a vincularlos a proceso, mediante una denuncia formal ante la autoridad judicial, por lo que tocaría a un juez de distrito resolver en consecuencia.

Así que, aún sin fuero, ambos indiciados seguirían en libertad.

Pero también sin protección para evitar ser aprehendidos.

El acuerdo de extradición entre México y Estados Unidos es muy claro al referir: ‘No se requiere probar la culpabilidad total, solo la viabilidad de la acusación’.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que no se permitirá la injerencia de Washington en las decisiones nacionales, ‘bajo ningún motivo’.

Y con ella estamos de acuerdo, considerando que la injerencia de una nación en los asuntos internos de otra viola su soberanía, autonomía y, por supuesto, los tratados internacionales de respeto entre las naciones.

Pero este no es el caso, pues solamente se trata de la solicitud de una detención con fines de extradición, porque en la Unión Americana existe un proceso judicial contra Rocha Moya y otras nueve personas, acusadas de narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración, como lo aseguran el Departamento de Justicia y la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

El documento que fue remitido el pasado 28 de abril a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), consigna le presunción de que Rocha Moya y otros nueve funcionarios o ex funcionarios públicos resultan vinculados con ‘Los Chapitos’ y el ‘Cártel de Sinaloa’ en la comisión del narcotráfico, recibir sobornos y brindarles protección institucional.

Acusaciones que nada tienen que ver con la injerencia de otro país, ya que la actitud injerencista es la tendencia de un gobierno a entrometerse (o intervenir) indebidamente en decisiones y/o conflictos de terceros, sin tener legitimidad o competencia para ello, implicando una intromisión que viola la soberanía, autonomía o privacidad.

Lo que han hecho las autoridades gringas, es sólo una solicitud para la detención de actores señalados por su colusión con el crimen organizado.

Por eso extraña la furibunda respuesta presidencial a esa petición.

Y, desde luego, la reacción de los legisladores militantes de morena, al malinterpretar la petición. O quizá instruidos para defender lo indefendible a botepronto al asegurar que por parte de la Unión Americana se percibe una actitud injerencista.

¡Bah!

No hay que confundir a las preñadas con las paridas.

Lamentablemente, Rocha Moya y sus nueve cómplices cuentan con el proteccionismo presidencial para evitar por ahora ser enjuiciados en el país vecino del norte que, con índice de fuego, los tiene en la mira.

Y, para protegerlos, se habla de injerensimo.

Proceso desatendido

La presidenta Sheinbaum Pardo, en respuesta a la presión estadunidense, podría reclamar la extradición de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien en México es acusado por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y defraudación fiscal.

Esto, atendiendo el marco jurídico internacional.

Andrés Manuel López Obrador, durante su régimen presidencial, nada hizo para llevarlo al patíbulo, aun cuando ‘ordenó su desafuero’, y aparente persecución judicial, como lo divulga ‘Pancho’ a través de sus testaferros.

Así que, para Claudia, podría ser una moneda de cambio, so pena que los gringos adopten medidas comerciales severas contra México por seguir protegiendo, ella, al supuesto narco-gobernador y sus compinches, bajo un rollo ‘injerencista’.

Cicuta

Circula profusamente, en redes sociales, la versión de que Andrés Manuel López Obrador reaparecería públicamente, para presentar su nuevo libro.

De confirmarse el hecho, se entendería que lo haría con miras a evitar más fracturas en el movimiento transformador del país --como él lo llama--, derivadas de las pugnas internas en morena, de cara al proceso electoral en puerta.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.