Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de la aprobación de la reforma federal por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales, el Congreso de Tamaulipas trabaja en un Plan B estatal, y tendrá algunos puntos adicionales a lo ya aprobado, adelantó Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno.

Subrayó que la armonización de la Constitución estatal y leyes orgánicas con el "Plan B" de la reforma electoral federal, se enfocará en la reducción de privilegios, la integración de los ayuntamientos con menos síndicos/regidores y ajustar las percepciones salariales.

“Esta armonización será antes del 30 de mayo”, afirmó el líder de los morenistas en el Congreso local.

“Y obviamente queremos nosotros también nuestro granito de arena en el tema del Plan B y ya próximamente estarán seguramente viendo el documento", dijo.

Reveló que la iniciativa para armonizar la reforma federal con la Constitución local y la Ley Electoral del Estado será trabajada en estos días en coordinación con el Poder Ejecutivo, misma que tendrá algunos puntos adicionales a lo ya aprobado.

Y adelantó que uno de los temas principales que tocará la iniciativa estatal de Plan B estará encaminado sobre todo a la reducción de gastos de las autoridades electorales.

"De que no se derroche dinero que no se debe gastar, sería obviamente en nóminas de servidores públicos, y por ende estamos ya arrastrando el lápiz para ver qué propuesta podemos sacar para los tamaulipecos", dijo.

Dejó en claro que todavía hay tiempo suficiente para armonizar el Plan B con la legislación local, luego de que el plazo que tienen los congresos locales vence hasta el próximo 15 de junio, 90 días antes de que inicie el proceso electoral 2027 - 2028.

"Después de ahí ya empieza el año electoral y ya tiene que estar todo en el papel, en las leyes", dijo.

Es importante precisar que el Plan B aprobado por el Congreso de la Unión, disminuye el número de regidores por ayuntamiento a 15 máximo, establece que los estados sólo pueden destinar hasta el 0.7% de su presupuesto a los congresos locales y que las autoridades electorales no deben percibir una remuneración mayor a la de la presidenta de la República, así como tampoco pueden contratar prestaciones de manera discrecional.