Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) inició los procesos de evaluación interna para determinar el impacto operativo de los cambios, tras la aprobación del Plan B en el Congreso de la Unión.

Las áreas técnicas del IETAM, expuso Juan de Dios Álvarez Ortiz, secretario ejecutivo del Instituto, iniciaron formalmente el análisis para aterrizar los cambios normativos a la realidad operativa del estado.

“Esto como parte de una estrategia para medir y definir el impacto que en un momento dado pudiera tener -Plan B- de cara hacia la elección intermedia del 2027”, explicó el funcionario electoral.

Sostuvo que el análisis busca tomar las previsiones necesarias que se requieran en los instrumentos normativos vigentes y que en un momento dado resulten aplicables, a partir de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones para regular los procesos electorales, próximos a iniciar.

“En este momento las áreas están atentas de lo que es materia de este plan de reforma que está ya transitando en su trámite en las entidades y que desde luego supone un ajuste en cuanto al tema particular de la integración de los ayuntamientos en el Estado”, señaló Álvarez Ortiz.

Sostuvo que el impacto del Plan B, “independientemente del ajuste que se está considerando en este caso o que supone la reforma como tal, los órganos municipales y distritales, en este momento tendríamos que esperar si es que hubiese alguna determinación en la ley particular respecto de algún ajuste en cuanto a la integración de nuestros órganos desconcentrados en el estado” sostuvo.

“En el caso de Tamaulipas se perderán 14 sindicaturas y 48 regidurías, esto en cuanto a lo que establece el artículo 115 Constitucional luego de la aprobación de la reforma…en Tamaulipas existen dos municipios que tienen 18 regidurías y 7 que tienen 21 y por ende superan el tope establecido en la reforma que es de 15”.

Álvarez Ortiz, explicó que toda la tarea de reforma y actualización al Código Municipal, la Constitución y la legislación electoral, recaerá en manos del Congreso local, a más tardar tres meses del arranque formal del año electoral, en este caso del mes de septiembre.