Nada más sorprendente, para quienes consideran con mirada filosófica los asuntos humanos, que la facilidad con que los muchos son gobernados por los pocos y la implícita sumisión con que los hombres resignan sus sentimientos y pasiones ante los de sus gobernantes.

Si nos preguntamos por qué medios se produce este milagro, hallaremos que la fuerza está siempre del lado de los gobernados; quienes gobiernan no pueden apoyarse sino en la opinión, que es, por lo tanto, el único fundamento del gobierno, y esta es la máxima que alcanza a los mismos gobiernos más despóticos y militares que a los más populares y libres.

Uno de los errores analíticos más persistentes en el estudio del poder consiste en reducir su explicación a la coerción. La fuerza, sin duda, es un recurso disponible en toda estructura de gobierno, pero resulta insuficiente para explicar su estabilidad. Puede producir obediencia, pero no garantiza legitimidad; puede imponer orden, pero no asegura la duración.

La clave, como sugieren las premisas anteriores, no reside en la imposición, sino en la aceptación. El poder político se sostiene en la medida en que logra configurar un marco de sentido reconocido —aunque no necesariamente compartido de manera absoluta— por quienes son gobernados. Esto desplaza el problema del poder a un terreno menos visible, pero más determinante: el de la construcción simbólica de la realidad.

En este punto, la comunicación deja de ser un instrumento accesorio y se convierte en una dimensión constitutiva del gobierno. No se trata de transmitir información ni de mejorar percepciones de manera superficial, sino de producir esquemas interpretativos que permitan a la sociedad comprender, ordenar y valorar la acción pública.

Gobernar, en este sentido, implica construir consenso.

Conviene precisar que el consenso no equivale a la unanimidad ni a la ausencia de conflicto. Es, más bien, una condición de posibilidad de la gobernabilidad: un grado suficiente de convergencia en torno a principios, normas, valores y objetivos que permite la estabilización del orden político. Sin ese umbral mínimo, la acción de gobierno queda expuesta a una fragilidad estructural, independientemente de su eficacia técnica.

Ahora bien, estos marcos de sentido no se construyen en un vacío racional. La recepción de los mensajes está mediada por estructuras previas de creencias, emociones e identidades. Las personas no procesan la información para determinar su veracidad en abstracto, sino para integrarla —o rechazarla— en función de su coherencia con el sistema de significados que ya habitan.

De ahí que la narrativa política no pueda partir de los valores como punto de partida. En contextos marcados por la corrupción, la desigualdad o la violencia, los valores suelen verse erosionados, instrumentalizados o desprovistos de capacidad movilizadora. No generan necesariamente rechazo, pero tampoco producen una adhesión efectiva.

El punto de partida, por tanto, no es normativo, sino afectivo y cognitivo.

Una narrativa políticamente eficaz opera como un mecanismo de reconfiguración de la experiencia social. No introduce, en primera instancia, nuevas verdades, sino nuevos marcos desde los cuales la realidad puede interpretarse. Este proceso puede descomponerse analíticamente en cuatro funciones fundamentales.

La primera es el reconocimiento: la validación explícita de la experiencia social tal como es vivida. No implica una solución, sino la legitimación de la percepción.

La segunda es la restitución de la dignidad: una operación de reconstrucción simbólica que devuelve al individuo un sentido de valor, pertenencia y legitimidad dentro del orden social.

La tercera es la producción de un orden simbólico: la introducción de marcos interpretativos que hacen inteligible el caos, identifican causas estructurales y reducen la incertidumbre.

La cuarta es la articulación de una esperanza funcional: no una promesa abstracta, sino una expectativa plausible, gradual y verificable de transformación.

Estas funciones operan en distintos niveles —emocional, cognitivo, moral y temporal—, lo que genera una reconfiguración integral del modo en que se percibe la realidad.

Solo después de este proceso pueden activarse los valores.

Este punto resulta clave: los valores no funcionan como detonantes primarios de adhesión política, sino como mecanismos de estabilización del sentido una vez que la narrativa ha sido aceptada. No se imponen; se encarnan. Y las creencias no se sustituyen fácilmente: el sistema cognitivo tiende a protegerlas, reacomodando la información antes que negarlas frontalmente.

Esto implica una secuencia precisa en la construcción del sentido político: primero se produce la apertura emocional, luego la incorporación cognitiva y, finalmente, la consolidación normativa.

Invertir este orden —pretender convencer antes de generar reconocimiento— conduce, en la mayoría de los casos, al fracaso.

En contextos complejos, una narrativa no resulta eficaz por su capacidad de persuasión directa, sino por su aptitud para generar comprensión compartida. Funciona cuando permite a los individuos sentirse vistos, introduce orden en el desorden y habilita la posibilidad de imaginar un futuro distinto.

Porque, en última instancia, gobernar no es solo decidir, sino construir las condiciones bajo las cuales esas decisiones pueden ser reconocidas como legítimas.

Alberto Rivera

Construyo procesos de comunicación siendo y haciendo cosas diferentes, provocando emociones y moviendo conciencias hacia la participación social y política.

Ayudo a potenciar marcas de proyectos políticos y gubernamentales a través del descubrimiento de insights, arquetipos de marca y estrategias de comunicación política.

Soy consultor, catedrático y speaker en Estrategias de Campaña Política y de Gobierno. Director General de Visión Global Estrategias.

Soy originario de Tampico, Tamaulipas y cuento con una Maestría en Educación, Maestría en Política y Gobierno y Doctorado en Filosofía; además de tener diversas especializaciones en Comunicación Política, Consultoría Política e Imagen.