Reynosa, Tamaulipas. - La presidenta de la Mesa de Seguridad y Justicia en Reynosa, Valentina López, reconoció que la extorsión se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrentan los empresarios en la región, al señalar que dos de cada tres han sido víctimas de este delito.

Explicó que, en Tamaulipas —al igual que a nivel nacional—, las estadísticas reflejan que la mayoría de las empresas han sufrido algún tipo de extorsión, siendo el llamado “cobro de piso” la modalidad más recurrente en la zona.

“Es como un impuesto adicional a los costos de operación. En muchos casos, el monto que se paga por este concepto llega a ser mayor que la utilidad del propio negocio”, expresó.

Detalló que, a diferencia de otras entidades donde predominan las extorsiones telefónicas, en Reynosa es común que los delincuentes acudan directamente a los establecimientos para exigir pagos, lo que incrementa la presión y el temor entre los comerciantes.

Aunque también persisten las llamadas de extorsión —principalmente dirigidas a adultos mayores—, la modalidad presencial es la que más afecta a los negocios locales.

Uno de los principales obstáculos para combatir este delito, señaló, es la baja cultura de la denuncia. “Los indicadores prácticamente están en cero; no contamos con cifras reales porque hay muy pocas denuncias”, indicó.

Atribuyó esta situación al miedo y a la desconfianza hacia las autoridades, factores que inhiben que las víctimas acudan a presentar querellas formales, pese a que existen mecanismos, como las denuncias anónimas a través de los números 089 y 086.

No obstante, destacó que en los casos donde sí se denuncia, se ha observado seguimiento por parte de las autoridades, lo que ha permitido avances en la procuración de justicia.

López advirtió que esta problemática ha provocado incluso el cierre de negocios, debido a que muchos empresarios no pueden sostener los pagos exigidos por grupos delictivos.

Finalmente, subrayó que la percepción de inseguridad en Reynosa sigue siendo alta, de acuerdo con encuestas del INEGI, lo que contribuye a que la ciudadanía no denuncie y el delito continúe sin ser plenamente combatido.