Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El subsecretario de Enlace Legislativo del gobierno de Tamaulipas, Rómulo Pérez Sánchez, confirmó que en el Estado se evalúa la eventual incorporación de la revocación de mandato, mecanismo que ya opera en otras entidades del país.

Consideró que la eventual implementación de este mecanismo no entraría en conflicto con las políticas federales, sino que se alinearía con ellas.

Dijo que, al igual que Baja California Sur, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y Aguascalientes que cuentan con revocación de mandato a nivel estatal, en Tamaulipas se dialoga con el Poder Legislativo para analizar la posibilidad de implementarlo.

El funcionario, recordó que en años recientes “se han impulsado diversos ejercicios de participación ciudadana a nivel nacional, lo que ha permitido ampliar las herramientas democráticas en el país, como la elección de juezas, jueces y magistrados”.

Subrayó que, cualquier iniciativa en este sentido deberá contar con el respaldo ciudadano, ya que forma parte de los principios promovidos por el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Es algo que lo podemos seguir consensuando con el legislativo y obviamente que, si hubiera una condición en la que los tamaulipecos estuvieran de acuerdo con este tipo de iniciativas, dado que son cosas que no podemos negarnos, somos un gobierno de la cuarta transformación y estas son políticas que el movimiento ha hecho entonces en ese sentido, no hay que espantarnos”, expresó.

Pérez Sánchez, rechazó que en los ejercicios de consulta que se han realizado en Tamaulipas, “y que ya son varios”, solo se hayan erogado recursos, considerando “la baja participación ciudadana”.

“La verdad es que el movimiento de la cuarta transformación ha impulsado siempre este tipo de consultas y desperdiciar dinero en escuchar a la gente, no me parece que lo sea, no desperdiciamos cuando escuchamos, es un tema de perspectivas escuchar a las personas”, sostuvo.        

Destacó que, la revocación de mandato en México es un instrumento de democracia directa, elevado a rango constitucional en 2019, que permite a la ciudadanía decidir si la persona titular de la Presidencia de la República concluye anticipadamente su cargo por pérdida de confianza, y requiere firmas del 3% de la lista nominal de electores, distribuidas en al menos 17 estados.