Suman 476 personas sancionadas por violencia política contra mujeres en México
Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene actualizado el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el cual acumula 476 personas castigadas por incurrir en conductas de violencia política contra mujeres en el país, de acuerdo con el corte más reciente correspondiente al 10 de marzo de 2026
Este padrón comenzó a operar en septiembre de 2020, y desde entonces 432 personas han sido inscritas a partir de resoluciones emitidas por autoridades electorales, principalmente tribunales locales que acreditaron actos de agresión o limitación hacia mujeres dentro del ámbito político.
Aunque Tamaulipas no figura entre las entidades con mayor número de registros, especialistas advierten que el problema también se ha manifestado en la entidad, donde durante los procesos electorales recientes se han presentado denuncias y controversias relacionadas con la participación de mujeres en cargos públicos y actividades políticas.
Las estadísticas del registro muestran que 354 de las personas sancionadas son hombres y 78 mujeres, lo que evidencia que la mayoría de las conductas violentas en el ámbito político provienen del género masculino.
A nivel nacional, Oaxaca encabeza la lista de entidades con más sanciones, al concentrar 144 casos. Le siguen Veracruz con 60, Chiapas con 38, Tabasco con 27 y el Estado de México con 22 registros.
En el listado también aparecen Guanajuato con 21 casos, Campeche con 19, Morelos con 13, además de Chihuahua y Puebla con 11 cada uno, junto con registros menores en Michoacán, Nayarit y Zacatecas.
Uno de los aspectos que ha llamado la atención dentro del padrón es la reincidencia. Al menos 25 personas aparecen más de una vez en la lista, e incluso una de ellas acumula 10 sanciones, mientras que otras registran entre tres y cuatro castigos por este tipo de conductas.
Asimismo, 12 personas perdieron el denominado “modo honesto de vivir”, una condición jurídica que forma parte de las sanciones electorales y que derivó en su inclusión dentro del registro nacional.
Aunque 383 registros ya cumplieron el periodo de sanción, estos permanecen visibles dentro del historial del padrón con el objetivo de mantener un seguimiento público de quienes han sido castigados por violencia política contra mujeres.
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