Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una vez que fue remitida a la Cámara de Diputados la propuesta de reforma electoral que modifica 11 artículos de la Constitución, la legisladora tamaulipeca, Blanca Narro Panameño, precisó que, el propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum es fortalecer la democracia y recuperar la confianza ciudadana, sin vulnerar la autonomía de las instituciones ni afectar el pluralismo político.

Reiteró que la propuesta responde a la necesidad de perfeccionar el sistema democrático, incrementar la participación ciudadana y garantizar que el poder público actúe en función de la población.

La legisladora por el distrito 6 federal, insistió que, no se trata de modificar las reglas democráticas por razones circunstanciales, ni de afectar la autonomía de las instituciones para favorecer o perjudicar a personas o grupos determinados.

“Se trata de mejorar el marco constitucional para fortalecer la confianza ciudadana, la legitimidad institucional electoral y la funcionalidad del sistema democrático”, enfatizó Narro Panameño.

Confirmó que la propuesta de la titular del Ejecutivo federal es reducir de 128 a 96 los senadores de la República y modificar el mecanismo de elección de 200 diputados de representación proporcional, para “que no sean resultado exclusivo” de decisiones de las cúpulas de los partidos.

También propone reducir 25 por ciento el presupuesto asignado a los partidos para gasto ordinario y prohibir el uso de fondos ilícitos, así como el financiamiento del extranjero.

“Se trata de impedir injerencias indebidas y salvaguardar la autenticidad del sufragio ante riesgos como la intervención de personas vinculadas a delitos graves”.

Incluso se prevé que las autoridades de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera podrán solicitar información relevante de los candidatos “para salvaguardar la integridad” de las elecciones.

Comentó que la presidenta Sheinbaum Pardo, pide a los diputados definir que, a partir de 2027, los sueldos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y sus funcionarios, así como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), no puedan ser mayores al salario de la Presidenta. 

Además, contrario a lo que la oposición adjuntaba, se mantiene la estructura de los OPLE, pero se elimina de entre sus atribuciones la materia de educación cívica.