Ciudad Madero, Tamaulipas.- A casi ocho años del feminicidio de Jessica Gabriela y su hija Scarlett, la colectiva feminista Mujer Manglar denunció que el caso continúa marcado por la impunidad, la dilación judicial y la falta de castigo para todos los responsables.

De acuerdo con el posicionamiento de la colectiva, los hechos se remontan al 27 de marzo de 2018, cuando Jessica Gabriela, con ocho meses de embarazo, acudió al domicilio de Cinthya Fátima, quien le ofreció donarle ropa para bebé. 

Esa misma noche, Jessica no regresó a su hogar y fue reportada como desaparecida.

Fue hasta el 31 de marzo cuando su cuerpo fue localizado debajo de una cama en la vivienda de Cinthya Fátima, en un caso que conmocionó a la entidad por la brutalidad de los hechos.

Aunque la principal responsable, Cinthya Fátima, fue sentenciada a 85 años de prisión por el feminicidio de Jessica y la menor Scarlett, la colectiva denunció que otros presuntos implicados han logrado evadir la justicia.

Entre ellos, Omar, entonces pareja de la sentenciada, quien presuntamente colaboró en la ocultación de evidencia, pero fue absuelto en 2023. 

Actualmente, señalaron, vive en libertad sin enfrentar consecuencias legales.

Asimismo, Dolores Guadalupe y Karla han evitado enfrentar la justicia mediante recursos legales como amparos, lo que ha prolongado el proceso judicial.

En ese contexto, la colectiva informó que este lunes 16 de febrero se llevará a cabo la audiencia de apertura del caso contra Karla, considerada un paso clave en la búsqueda de justicia para las víctimas.

Familiares de Jessica y Scarlett exigen que no solo la autora material del crimen, sino todos los involucrados, sean sancionados conforme a la ley.

Mujer Manglar advirtió que este caso refleja las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia feminicida en Tamaulipas, donde el acceso a la justicia implica años de procesos desgastantes, negligencia institucional y, en algunos casos, complicidad dentro del sistema judicial.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para garantizar que no haya más dilaciones en los casos de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, y que se actúe con firmeza para erradicar la impunidad.