Cada 5 de febrero, México celebra su Constitución. Se repiten las fechas, los artículos emblemáticos, el orgullo por haber sido pioneros en derechos sociales. Pero pocas veces se formula la pregunta verdaderamente política: ¿sigue siendo hoy la Constitución un límite real al poder o solo un referente simbólico?

La Constitución de 1917 surgió del colapso del orden político previo, cuando el conflicto dejó de poder procesarse institucionalmente y se expresó como guerra, no nació de la armonía ni del consenso. Su función profunda no fue jurídica, sino política: someter el poder a reglas antes de que este lo absorbiera todo.

Para llegar a ese punto, México recorrió un camino accidentado. Antes de 1917 hubo al menos cinco textos constitucionales fundamentales. Fuero ensayos sucesivos para ordenar el poder y no errores aislados. Apatzingán intentó fundar la soberanía; 1824 buscó organizar la independencia; el centralismo de 1836 y 1843 respondió autoritariamente al caos; 1857 quiso limitar el poder mediante libertades individuales. Todas fracasaron en algo esencial: alinear la norma con la realidad del poder.

Ese desfase es el núcleo del problema constitucional mexicano. Y pocos lo vieron con tanta claridad como Emilio Rabasa Estebanell. Rabasa advirtió que una Constitución puede ser impecable en el papel y, políticamente, ineficaz en la práctica. Cuando el diseño normativo ignora cómo se ejerce realmente el poder, no lo limita: lo empuja a gobernar alrededor de la regla. El texto permanece, pero el orden constitucional se vacía.

La Constitución de 1917 intentó corregir ese error histórico. La Revolución Mexicana mostró que ni el autoritarismo centralista ni el liberalismo jurídico bastaban para estabilizar al país. El conflicto no era solo institucional; era social, material y profundamente político. Por eso, los derechos sociales no fueron un gesto ideológico, sino una respuesta estructural: sin educación, tierra y trabajo, la democracia era inviable. En ese sentido, 1917 fue el primer intento serio de integrar el conflicto en lugar de negarlo.

La teoría democrática ayuda a entender por qué ese esfuerzo fue crucial. Adam Przeworski ha insistido en que la democracia no elimina el conflicto; lo vuelve tolerable al institucionalizar la incertidumbre. Las reglas permiten aceptar la derrota porque garantizan que perder no implica desaparecer. Pero esa aceptación solo existe cuando las reglas son creíbles y obligatorias. Cuando el poder deja de sentirse contenido por ellas, la incertidumbre democrática se vuelve insoportable y el conflicto se desborda del cauce institucional.

Desde otra perspectiva, Max Weber explicó que el poder moderno se legitima cuando se ejerce conforme a reglas impersonales. Sin embargo, también advirtió que el carisma y la voluntad personal nunca desaparecen por completo. La Constitución no elimina ese riesgo; lo contiene. Cuando ese dique se debilita, el poder empieza a justificarse no por su sujeción a la ley, sino por su conexión emocional con “el pueblo”.

Ahí aparece la tensión actual. Formalmente, México sigue siendo un Estado constitucional. El texto de 1917 permanece vigente y ha sido reformado innumerables veces. Pero el problema no está en la ausencia de reglas, sino en la elasticidad con que se interpretan cuando estorban. La Constitución sigue ahí, pero su capacidad para incomodar al poder se ha erosionado.

Como recordaría Chantal Mouffe, el conflicto es constitutivo de la democracia. El desafío no es eliminarlo, sino canalizarlo. La Constitución debería ser el marco que transforme el antagonismo en una disputa regulada entre adversarios legítimos. Cuando deja de cumplir esa función y se convierte en un instrumento, un obstáculo o un simple símbolo, el conflicto deja de ser productivo y comienza a desgastar al sistema.

Visto así, celebrar la Constitución no debería ser un acto ritual, sino un ejercicio crítico. Las Constituciones no existen para garantizar gobiernos virtuosos, sino para prevenir gobiernos peligrosos. No están hechas para confirmar voluntades, sino para limitar excesos. Y cuando dejan de incomodar al poder, dejan de cumplir su función histórica.

La historia constitucional mexicana es clara en este punto: los textos no se agotan por exceso de ambición, sino cuando dejan de dialogar con el conflicto real que están llamados a ordenar. La Constitución de 1917 sigue siendo relevante no como una promesa abstracta, sino como el resultado de un largo proceso de aprendizaje político que buscó por primera vez alinear norma, poder y cohesión social, por lo que aprendió del fracaso de todas las anteriores.

Tal vez la pregunta más honesta en este aniversario no sea qué tan admirable es nuestra Constitución, sino qué tan dispuestos estamos a aceptar sus límites cuando el poder nos favorece. Porque cuando la regla solo se respeta en la derrota y se relativiza en la victoria, el orden constitucional no se rompe de inmediato, pero empieza —silenciosamente— a vaciarse desde dentro.

Ese es el verdadero desafío constitucional de nuestro tiempo.

Alberto Rivera

Construyo procesos de comunicación siendo y haciendo cosas diferentes, provocando emociones y moviendo conciencias hacia la participación social y política.

Ayudo a potenciar marcas de proyectos políticos y gubernamentales a través del descubrimiento de insights, arquetipos de marca y estrategias de comunicación política.

Soy consultor, catedrático y speaker en Estrategias de Campaña Política y de Gobierno. Director General de Visión Global Estrategias.

Soy originario de Tampico, Tamaulipas y cuento con una Maestría en Educación, Maestría en Política y Gobierno y Doctorado en Filosofía; además de tener diversas especializaciones en Comunicación Política, Consultoría Política e Imagen.