Reynosa, Tamaulipas -  El presidente de la Asociación de Importadores de Autos Usados de Reynosa, Hugo Jofre Chávez, señaló que durante la vigencia del decreto se presentaron múltiples anomalías y actos de corrupción que, pese a haber sido denunciados oportunamente, no fueron atendidos por las autoridades correspondientes.

Indicó que surgió una red de intermediarios o “coyotes” que, en presunto contubernio con funcionarios, ofrecían gestionar la legalización de unidades fuera de norma.

“Se permitió la operación de gestores fraudulentos y el problema es delicado porque el REPUVE depende de instancias de seguridad pública. Hubo irregularidades que nunca se investigaron”.

Aunque reconoció que el programa benefició a millones de propietarios, sostuvo que el mal uso del mecanismo terminó por desacreditarlo, al grado de que popularmente comenzó a conocerse como “decreto chueco”.

Más autos, más problema: el llamado “efecto cobra”

Durante su vigencia, el decreto permitió regularizar más de 3 millones de vehículos en el país, lo que generó alrededor de 7 mil 500 millones de pesos destinados a obras de pavimentación e infraestructura municipal.

No obstante, especialistas advierten que la medida también provocó un fenómeno contrario al esperado: en lugar de disminuir el parque vehicular irregular, incentivó el ingreso de más unidades usadas desde Estados Unidos.

El fenómeno ha sido comparado con el llamado “efecto cobra”, concepto que describe cómo una política pública mal diseñada puede agravar el problema que pretende resolver. En este caso, la posibilidad de legalización habría alentado la importación masiva de autos viejos, saturando la franja fronteriza.

Actualmente, miles de vehículos continúan entrando al país sin posibilidad de regularización extraordinaria, lo que obliga a sus propietarios a recurrir únicamente a los procesos ordinarios de importación ante la aduana.