Repunte en el valor de la UMA encarece trámites y sanciones en Tamaulipas
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Unidad de Medida y Actualización (UMA) experimentará un incremento que impactará en los costos de diversos procedimientos administrativos y sanciones aplicables en México a partir del 1 de febrero de 2026, según datos oficiales publicados recientemente. Este ajuste afecta directamente la base económica con la que se calculan multas, contribuciones, pagos de derechos y otros rubros fijados por la ley.
Para este año, el valor diario de la UMA quedó establecido en 117.31 pesos, equivalentes a 3,566.22 pesos mensuales y 42,794.64 pesos anuales, cifras que servirán como referencia durante todo 2026.
En comparación, durante 2025 este indicador se mantuvo en 113.14 pesos diarios, con un valor mensual de 3,439.46 y anual de 41,273.52 pesos. El ajuste representa un aumento de alrededor de 3.69% respecto al año anterior, reflejando la actualización que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con base en la inflación acumulada.
Este incremento en la UMA tiene efectos directos en las obligaciones económicas que las personas y empresas pagan al gobierno, ya que muchas de ellas se calculan tomando como base múltiplos de esta unidad. Entre los conceptos que se encarecerán se encuentran.
Multas administrativas y de tránsito, cuyo monto se establece en UMAs.
Pagos de derechos y servicios, como expedición de licencias o permisos.
Determinación de cuotas en algunos trámites gubernamentales y civiles.
Cálculo de algunos montos fiscales y sanciones impuestas por autoridades locales o federales.
Con este ajuste, multas que antes se expresaban en un número determinado de UMAs ahora se traducirán en un costo mayor en pesos, lo que puede impactar presupuestos familiares y empresariales. Por ejemplo, una sanción equivalente a 50 UMAs pasará de costar alrededor de 5,657 pesos a más de 5,865 pesos una vez que entre en vigor la nueva tabla de valores.
El alza de la UMA para 2026, aunque moderada, se traduce en mayores costos para una amplia gama de obligaciones legales y administrativas, trasladando parte del ajuste inflacionario a los ciudadanos y organizaciones que deben cumplir con estas cargas económicas.
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