Ciudad Victoria, Tamaulipas. - La administración estadounidense está obligado a retirar el muro flotante, edificado con boyas sobre más de 800 kilómetros de longitud en el cauce del río Bravo en la frontera entre México y los Estados Unidos, esto porque se está violando el acuerdo de aguas que existe entre ambos países.

El diputado local y presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, Sergio Ojeda Castillo, precisó que la instalación de muro flotante, afectan los lazos estrechos internacionales que existen entre México y Estados Unidos, que se han visto reflejados en la celebración de tratados y acuerdos entre las dos naciones.

Y es que a partir de este miércoles, la administración del presidente Donald Trump, comenzó la instalación de esto muro, con el propósito de dificultar la migración ilegal e inhibir el tráfico de drogas.

La obra, dada a conocer por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem desde la frontera de Brownsville, Texas, con Matamoros, Tamaulipas, dijo que el masivo muro flotante representará una escalada del polémico proyecto piloto de 303 metros que el gobierno de Texas instaló sobre el río Bravo en 2023.

En ese sentido, el legislador por Nuevo Laredo no descartó la posibilidad de que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum inicie un litigio internacional correspondiente por la violación de tratados internacional, además de solicitar el retiro de las boyas en el río Bravo, que ponen en riesgo la vida de los migrantes.

Explicó que las más de 130 millas de estas barreras (unos 209 kilómetros) ya fueron asignadas bajo contrato y estarán listas para ser desplegadas empezando el día de hoy (jueves).

Ojeda Castillo refirió que a diferencia del muro pasado que estaba formado por una hilera de boyas flotantes, el nuevo diseño es más grande y consiste en un tubo cilíndrico, con el mismo color anaranjado, su forma complica el que pueda ser trepado y pasarle por debajo.

Cabe señalar que el primer prototipo de muro flotante fue instalado en 2023 por el gobierno de Texas, desatando un conflicto diplomático con el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo consideró como una violación al Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos.