Tampico, Tamaulipas. - Las cifras de feminicidio en Tamaulipas cerraron 2025 con un incremento preocupante, al pasar de un promedio anual de 16 a 17 casos, a más de 23 asesinatos de mujeres tipificados como feminicidio, denunció Martha de la Cruz López, coordinadora de la colectiva Mujer Manglar en Tampico.

No obstante, aclaró que el panorama es aún más grave, ya que la cifra real de mujeres asesinadas ronda los 200 casos, muchos de los cuales no son clasificados como feminicidio debido a fallas en la tipificación del delito, al ser registrados como homicidios dolosos o culposos.

“Estamos ante una cifra alarmante que debería poner en alerta tanto a las colectivas como a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, para definir qué se va a hacer en 2026 y lograr una disminución drástica de estos números”, expresó.

La activista señaló que, aunque las colectivas no tienen grandes expectativas respecto a la gestión del nuevo fiscal general de Justicia, Eduardo Govea Orozco, se mantendrán vigilantes de los casos que se registren en la zona sur del estado, con el fin de que los procesos no se detengan y se conduzcan con perspectiva de género, hasta lograr el castigo de los responsables.

“La violencia feminicida aumentó de manera significativa en Tamaulipas. Antes cerrábamos el año con 16 o 17 feminicidios y en 2025 cerramos con más de 23. Pero si revisamos las cifras de homicidios dolosos y culposos, el escenario es todavía más alarmante, porque estamos cerca de 200 mujeres asesinadas”, precisó.

De la Cruz López subrayó que muchos casos no se tipifican correctamente por la falta de investigaciones apegadas al protocolo. “No esperamos mucho del nuevo fiscal porque han sido constantes las decepciones, pero exigimos, aunque parezca una cantaleta, que se actúe con perspectiva de género y que esta directriz se aplique en todas las fiscalías regionales”, afirmó.

Finalmente, reiteró la exigencia de que se cumplan los protocolos con enfoque de género y de protección a la infancia, además de revisar los expedientes pendientes para evitar retrasos que deriven en la revictimización de las víctimas y sus familias.

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