Tampico, Tamaulipas.-Integrantes de la Liga de Acción Comunista y colectivos afines realizaron una protesta en Tampico para condenar lo que calificaron como una agresión militar de Estados Unidos en Venezuela y advertir sobre una posible escalada de intervenciones en América Latina, incluida México.

Durante el acto, los oradores señalaron que intervenciones previas de Estados Unidos en países como Irak, Afganistán, Libia y Palestina se justificaron con argumentos de seguridad nacional, pero derivaron en conflictos prolongados, crisis humanitarias y pérdida de soberanía, según expresaron ante los asistentes.

Los manifestantes afirmaron que, en el caso de América Latina, el discurso del combate al narcotráfico o al terrorismo podría utilizarse como pretexto para justificar acciones militares, recordando declaraciones y antecedentes históricos de presión política, económica y diplomática hacia gobiernos de la región.

De acuerdo con los organizadores, la protesta no tuvo un carácter partidista ni electoral. En sus intervenciones insistieron en que no respaldan a líderes políticos específicos, sino que su posicionamiento está centrado en la defensa de la soberanía territorial y en la protección de la población civil ante posibles escenarios de conflicto armado.

Entre las principales demandas expresadas se encuentra el llamado al gobierno mexicano para que emita una postura pública clara en rechazo a cualquier intervención militar extranjera en América Latina y para que informe qué acciones diplomáticas o de seguridad se contemplan para proteger la soberanía nacional.

Asimismo, los participantes señalaron que la situación en Venezuela no debe analizarse como un hecho aislado, sino como parte de un contexto geopolítico más amplio que, aseguraron, también ha impactado a países de Medio Oriente y África en los últimos años.

La manifestación concluyó sin incidentes, con consignas de carácter antiintervencionista y llamados a la unidad regional, reiterando que, desde su perspectiva, la prevención de conflictos armados comienza con la condena pública y la participación social informada.