Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El diputado federal y secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Carlos Canturosas Villarreal, señaló que a más tardar para finales de enero los gobernadores deben presentar ante sus congresos locales las iniciativas de reforma legislativa correspondientes para la armonización de sus marcos jurídicos en contra de la extorsión.

Comentó que de igual manera, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá emitir un manual de operación de las fiscalías o unidades especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión, a más tardar el último día hábil de febrero de 2026.

El legislador por Nuevo Laredo destacó la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece los Lineamientos de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

“Como una de las bases de datos del Sistema Nacional de Información, a fin de asegurar que esta cuente con la estructura técnica y tecnológica necesaria para su adecuado funcionamiento”.

En el acuerdo, expuso Canturosas Villarreal, se específica que el SESNSP deberá “emitir los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación de dicha Base Nacional en un plazo máximo de 60 días naturales” a partir del 27 de diciembre.

El coordinador de los diputados federales por Tamaulipas precisó que se estable que a más tardar el último día hábil del mes de agosto el SESNSP deberá “elaborar y emitir, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres” una actualización del Modelo Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres.

“Otro de los acuerdos relevantes es el referente a los mecanismos de certificación policial establecidos para elaborar la metodología de la Certificación Básica Policial, a más tardar al último día hábil de junio de 2026”.

Esto a fin de garantizar una transición ordenada del Certificado Único Policial (CUP) a una Certificación Básica Policial (CBP) alineada con la Política Nacional de Acreditación y Certificación de las Instituciones de Seguridad Pública y sus integrantes, así como de asegurar que las acciones de certificación contribuyan directamente al desarrollo y profesionalización policial, concluyó Canturosas Villarreal.