Reynosa, Tamaulipas.-La solicitud del Ayuntamiento de Reynosa para contratar un financiamiento por 319 millones 50 mil pesos, evidencia una debilidad financiera del municipio para costear su obra pública con recursos propios, consideró el Subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez.

Confirmó que, si bien la petición del alcalde Carlos Peña Ortiz respeta la autonomía municipal, el monto solicitado refleja una capacidad de recaudación limitada.

Explicó que el endeudamiento suele utilizarse cuando los ingresos propios no alcanzan para ejecutar proyectos de infraestructura, detallando que el crédito solicitado equivale aproximadamente al 10 por ciento del presupuesto anual de Reynosa.

El funcionario estatal aclaró que la deuda no siempre es sinónimo de mala gestión, pero sí subraya márgenes financieros estrechos para impulsar proyectos sin recurrir a capital externo.

La iniciativa ya fue turnada al Congreso del Estado, donde la comisión correspondiente iniciará un análisis exhaustivo de los plazos, el impacto financiero, y los riesgos asociados a intereses y comisiones.

Pérez Sánchez indicó que la viabilidad del crédito dependerá de la institución bancaria que lo otorgue, recordando que organismos como Banobras exigen demostrar capacidad de pago.

Además, señaló que las posibilidades de aprobación aumentan cuando el destino es infraestructura estratégica, como obras hidráulicas, seguridad pública o desarrollo sustentable, áreas de alta demanda en el municipio fronterizo.

El Subsecretario también recordó que la Secretaría de Finanzas municipal ha mantenido una estructura similar durante más de siete años, presentando propuestas fiscales recurrentemente sin lograr consenso legislativo.

Atribuyó este estancamiento a fallas en la comunicación técnica y política con el Congreso, al no explicarse con claridad el objetivo y alcance de las modificaciones fiscales propuestas.

Respecto al cronograma, la propuesta del Ayuntamiento estipula que el crédito se contrate durante el ejercicio fiscal 2026 y se liquide a más tardar el 30 de septiembre de 2027, con un plazo máximo de 17 meses. Como garantía para el financiamiento se contemplan las participaciones federales.