Altamira, Tamaulipas. - Como medida de presión ante lo que consideran negligencia y corrupción por parte de autoridades federales, extrabajadores de la empresa Hules Mexicanos iniciaron este lunes una huelga de hambre de carácter simbólico en el municipio de Altamira.

Los manifestantes realizaron una caminata por la Avenida de la Industria, desde el sector conocido como El Barquito hasta la entrada de la planta de Negro de Humo, donde exigieron atención a sus demandas como accionistas de la empresa, mismas que aseguran están respaldadas por documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda.

El representante del grupo Víctor Jiménez, denunció que la falta de respuesta por parte de las dependencias federales ha vulnerado durante años los derechos fundamentales de los extrabajadores.

“Las cosas hay que decirlas como son. Afortunadamente todavía vivimos en un ambiente de libertad de expresión, de acuerdo al texto constitucional. Para nosotros, esta falta de atención no es otra cosa que negligencia y corrupción entre dependencias de primer nivel”, expresó.

Debido a que la mayoría de los participantes son adultos mayores y padecen enfermedades como diabetes, hipertensión y cáncer, la huelga de hambre se mantendrá de forma simbólica para evitar poner en riesgo su integridad física.

No obstante, Jiménez advirtió que esta acción es apenas el inicio de una serie de movilizaciones más contundentes.

“No estamos jugando, hablamos en serio. Tenemos un derecho consagrado en documentos oficiales del gobierno federal”, enfatizó.

Los extrabajadores reclaman el 2.5 por ciento de las acciones del capital social de la empresa, lo que les otorgaría derechos sobre las utilidades generadas por las plantas de Hules Sintéticos y Negro de Humo.

Además, expresaron dudas sobre los constantes cambios de razón social de las plantas, actualmente identificadas como Dinasol, al considerar que podrían tratarse de maniobras para evadir responsabilidades legales.

La lucha de este grupo suma ya 27 años. De los 501 trabajadores afectados originalmente por la venta de la compañía, más de 200 han fallecido sin obtener respuesta favorable a sus demandas.

“En un país donde debe prevalecer la ley, bastaría con que un solo ciudadano se manifieste para que la autoridad lo atienda”, concluyó Víctor Jiménez.