Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El Congreso de Tamaulipas dio entrada a una iniciativa que propone regular la figura de los Comités Vecinales dentro de la Ley de Participación Ciudadana, bajo el argumento de fortalecer la intervención social en los asuntos públicos. La propuesta, sin embargo, abrió el debate sobre si la medida representa un auténtico empoderamiento ciudadano o un nuevo mecanismo de control institucional sobre la organización comunitaria.

La iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Judith Katalyna Méndez Cepeda, y plantea reformar el artículo 3 de la ley vigente, además de incorporar un capítulo específico para los Comités Vecinales, que se convertirían en el instrumento número once de participación formal reconocida por el marco legal estatal.

De acuerdo con el proyecto, cada colonia o fraccionamiento podría conformar un comité mediante un proceso de elección por voto universal, libre, secreto y directo. Los integrantes deberán acreditar al menos seis meses de residencia en la zona y no mantener vínculos con partidos políticos ni con asociaciones religiosas.

En la exposición de motivos, la legisladora argumenta que los municipios enfrentan problemáticas como inseguridad, movilidad, desarrollo urbano y debilitamiento del tejido social, las cuales —sostiene— no pueden atenderse sin comunidades organizadas que incidan en la toma de decisiones. No obstante, el propio documento reconoce que este tipo de comités han existido durante décadas de manera espontánea, lo que plantea cuestionamientos sobre la necesidad de regular estructuras que han operado al margen del aparato gubernamental.

El proyecto establece que los ayuntamientos serán los encargados de emitir las convocatorias, llevar el registro oficial de los comités y resolver en primera instancia los conflictos internos. También fija causales de nulidad, remoción y renovación anticipada de sus integrantes, lo que coloca a estas organizaciones bajo supervisión directa del poder municipal, pese a que se plantea su carácter autónomo y libre de injerencias partidistas.

Asimismo, la iniciativa delimita los temas en los que los comités podrán participar —entre ellos seguridad vecinal, movilidad, medio ambiente y derechos humanos— y precisa que los cargos serán honoríficos y sin remuneración, lo que refuerza su papel consultivo más que decisorio.

Aunque el texto sostiene que estos órganos funcionarán como un puente entre ciudadanía y gobierno, especialistas y críticos advierten que podrían convertirse en filtros institucionales que canalicen y contengan la organización social, desplazando formas de participación directa como la protesta o la movilización comunitaria.

La reforma es presentada por el Congreso como un avance hacia una democracia más incluyente y participativa, pero su discusión deja abierta la interrogante sobre los alcances reales de la participación ciudadana cuando esta se ejerce dentro de márgenes definidos por la propia autoridad.

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