Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El Congreso de Tamaulipas abrió la discusión sobre el uso efectivo de parques y plazas públicas con la presentación de una iniciativa que busca institucionalizar la activación física comunitaria, sin destinar recursos públicos adicionales, pero con obligaciones específicas para el Estado y los municipios.

La propuesta plantea una reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte para crear el programa Parques Activos Comunitarios, un esquema que apunta a revertir la subutilización y el deterioro de áreas verdes mediante la realización sistemática y medible de actividades deportivas y recreativas.

La iniciativa fue presentada por el diputado Francisco Adrián Cruz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, y propone adicionar el artículo 20 Bis a la legislación estatal. El planteamiento establece la programación semanal de actividades en parques y espacios públicos, coordinadas por comités vecinales, instituciones educativas y clubes deportivos locales, con respaldo de voluntariado, servicio social universitario y patrocinios privados, sin impacto presupuestal directo para el erario.

En la exposición de motivos, el legislador advierte que la inactividad física se ha consolidado como uno de los principales factores de riesgo para enfermedades crónicas, mientras que numerosos espacios públicos en la entidad permanecen en el abandono o con un uso limitado, pese a su potencial como puntos de convivencia y cohesión social.

El documento retoma recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que plantea la necesidad de que los gobiernos impulsen políticas públicas orientadas a facilitar la actividad física en entornos accesibles, seguros y cercanos a la población. Bajo ese enfoque, la iniciativa señala que el deporte y la activación física no sólo inciden en la salud, sino también en la integración social y el fortalecimiento del tejido comunitario.

El modelo propuesto contempla que los apoyos logísticos, incentivos y premios para las actividades provengan de patrocinadores privados, asociaciones civiles o clubes deportivos, mientras que el Estado y los ayuntamientos asumirían la promoción, coordinación y seguimiento del programa.

En caso de aprobarse la reforma, el Ejecutivo estatal tendría un plazo de 90 días para emitir los lineamientos de operación, y los ayuntamientos hasta 180 días para integrar comités vecinales y definir la agenda semanal de actividades en sus respectivas demarcaciones.

Aunque la iniciativa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente en materia de salud, comunidades sostenibles y participación ciudadana, su viabilidad dependerá de la capacidad real de coordinación comunitaria y de que el modelo sin presupuesto no termine trasladando la carga operativa a vecinos y voluntarios, un punto que anticipa debate en el Pleno legislativo.