Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El caso de la adulta mayor localizada abandonada a un costado de una carretera en Matamoros encendió las alertas en el Congreso de Tamaulipas y abrió el debate sobre la necesidad de endurecer la ley contra quienes cometen este tipo de actos.

Para el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Peña Flores, este tipo de conductas deben dejar de considerarse simples omisiones y tipificarse como tentativa de homicidio.

El legislador sostuvo que dejar a una persona de la tercera edad en condiciones de vulnerabilidad extrema representa un riesgo directo para su vida. “Cuando alguien abandona a un adulto mayor al pie de una carretera, lo está exponiendo a una situación que puede terminar en la muerte; eso, para mí, es equiparable a un intento de homicidio”, afirmó.

Expresó una condena enérgica contra los familiares que optan por desentenderse de sus padres o abuelos, especialmente cuando enfrentan alguna discapacidad. Al referirse al caso ocurrido en Matamoros, lo calificó como una escena “dolorosa e indignante” que no debe repetirse.

“Es una imagen profundamente triste y lamentable; por eso exijo que se investigue a fondo y que se aplique la sanción más severa posible a quienes resulten responsables”, señaló, al subrayar que el abandono de adultos mayores no puede quedar impune.

El coordinador panista fue más allá al señalar que, si los responsables residen fuera del país, también deben enfrentar consecuencias legales.

“Si los familiares viven en Estados Unidos, se debe recurrir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las autoridades de aquel país tengan conocimiento del caso y se valore incluso como tentativa de homicidio”, planteó.

Ante este escenario, Peña Flores hizo un llamado directo al Poder Legislativo para analizar y aprobar castigos ejemplares. “Son hechos deplorables y lamentables; nuestros padres y abuelos nos dieron todo y no pueden terminar así”, expresó.

Finalmente, reiteró que abandonar a un adulto mayor, y más aún si presenta alguna condición de discapacidad, “no puede ser tratado como un delito menor”, por lo que insistió en que la ley debe contemplar penas máximas, al tratarse, dijo, de actos que ponen en riesgo inmediato la vida.

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