Tijuana, B.C., México.— La reforma a la Ley de Aguas Nacionales, aprobada en diciembre de 2025, redefine de fondo el régimen jurídico de los derechos de agua en México al eliminar prácticas informales y mercados opacos, sustituyéndolos por un sistema administrativo verificable en el que toda transmisión de derechos solo tiene validez jurídica si es autorizada y registrada por la Comisión Nacional del Agua.

De acuerdo con una síntesis elaborada por el Foro Permanente de Aguas Binacionales (PFBW), la reforma no reconoce la venta del agua como contrato privado y suprime la ambigüedad que durante años permitió la cesión irregular de derechos. En su lugar, regula de manera estricta la transmisión formal de los títulos de concesión, estableciendo requisitos claros y procedimientos únicos.

“La ley no legaliza la venta del agua, pero sí pone fin a la ambigüedad que permitió mercados paralelos; ahora toda transmisión debe pasar por un procedimiento administrativo autorizado únicamente por la Conagua y de acuerdo a sus nuevos lineamientos de disponibilidad y, prioridad”, señaló Rosario Sánchez, directora del PFBW.

Uno de los elementos centrales del nuevo marco legal es que una transmisión válida no implica un nuevo otorgamiento de derechos, sino únicamente la actualización del titular dentro del mismo título, conservando volumen, uso, zona de extracción y vigencia original, siempre que se acredite la legalidad del acto, la continuidad del uso autorizado y la inexistencia de afectaciones a terceros.

La reforma también concentra en la Conagua la facultad exclusiva de autorizar, modificar y registrar transmisiones, concesiones y prórrogas, eliminando la intervención de instancias regionales que operaban con criterios diferenciados, lo que busca homologar decisiones y reducir discrecionalidad.

El nuevo esquema se complementa con revisiones periódicas de disponibilidad de cuencas y acuíferos cada dos años, basadas en información hidrológica actualizada, vinculando así la asignación de derechos de agua con criterios de sostenibilidad y control público.

“La ley no reconoce la venta del agua como contrato privado, elimina la informalidad o libertad que durante años permitió cesiones y transmisiones de derechos”, explicó Sánchez, al subrayar que el documento del PFBW se elaboró exclusivamente con base en el dictamen oficial aprobado por la Cámara de Diputados, con el objetivo de ofrecer una explicación clara y accesible, sin promover ni descalificar posturas políticas o sectoriales.

La síntesis completa puede consultarse y descargarse de forma gratuita en el sitio oficial del Foro Permanente de Aguas Binacionales.