Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El Congreso del Estado aprobó el paquete fiscal para el Ejercicio 2026, que ampara un monto superior a los 81 mil millones de pesos, garantizando estabilidad financiera y un enfoque social en la aplicación de los recursos públicos.

Durante el análisis de las propuestas del Ejecutivo, se acordó la reasignación de 230 millones de pesos provenientes de entes autónomos, los cuales serán destinados al fortalecimiento de acciones en materia de educación y apoyo al campo, sin afectar la autonomía, ni la operatividad de dichos organismos.

En tribuna, el diputado Marcelo Abundiz Ramírez destacó que las reformas a la miscelánea fiscal, buscan modernizar la legislación estatal, fortalecer la recaudación y mantener un sistema tributario eficiente, progresivo y equitativo, sin impactar la economía familiar.

“Sin duda alguna, refleja el compromiso con la sociedad para mantener finanzas públicas saludables, aprovechando las áreas de oportunidad y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante las crecientes y justas demandas sociales de las y los tamaulipecos”, señaló.

Por su parte, la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica señaló que la Ley de Ingresos 2026 proyecta ingresos por 81 mil 15 millones de pesos, lo que representa un incremento del 4.72 por ciento respecto al ejercicio anterior, derivado de la eficiencia administrativa y la coordinación con la Federación.

“Su aprobación fortalece las finanzas públicas, garantiza la continuidad de los programas prioritarios y contribuye al bienestar presente y futuro de Tamaulipas”, refirió.

Asimismo, el Pleno legislativo aprobó los dictámenes correspondientes a las Leyes de Ingresos de 13 municipios que presentaron modificaciones a sus ordenamientos fiscales: Altamira, Camargo, Ciudad Madero, Jaumave, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Soto la Marina, Tampico, Tula y Villagrán.

En este contexto, se resaltó que no se autorizaron impuestos nuevos en ninguno de estos municipios.

Además, se eliminaron conceptos de cobro que son competencia federal, en apego a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales establecen que dichos conceptos no deben ser cobrados por los gobiernos municipales.